La Corte Suprema considero constitucional la eliminación de un contribuyente del Registro de Despachantes de Aduana

La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico y que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados, o cuando una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer lugar. La inconstitucionalidad declarada por el a quo resulta arbitraria en tanto los argumentos vertidos por el tribunal sobre la base de que la norma analizada ha trascendido los límites del derecho a trabajar -art.14 de la CN- no resultan suficientes para demostrar que su aplicación al sub lite provoque una alteración en la sustancia del derecho que justifique la decisión, máxime si se tiene en cuenta que la Corte ha dicho que en determinados casos en que está comprometida la necesidad de proteger el interés público, los límites y las exigencias en las reglamentaciones del ejercicio de ciertas actividades se justifican por su específica naturaleza y no resultan arbitrarias ni desnaturalizan el derecho constitucional de trabajar. Las afirmaciones de la sentencia recurrida, enderezadas a sostener la impugnación de inconstitucionalidad que efectúa, resultan meras alegaciones sobre una supuesta restricción al derecho de trabajar que experimentaría el actor como consecuencia de su eliminación del registro de despachantes de aduana, con motivo de la sanción establecida en la ley aduanera que tilda de irrazonable. Sin embargo, el demandante no aportó ni, por lo tanto, el tribunal evaluó, elementos probatorios concretos sobre tales extremos, razón por la cual sustentar tal drástica solución -como lo hace el tribunal apelado al declarar la inconstitucionalidad de la norma- en el perjuicio que supuestamente le irrogaría al actor resulta absolutamente arbitrario y dogmático.