Las bases en que se fundamenta el funcionamiento del sector eléctrico argentino están dadas por la conformación de un mercado de energía eléctrica denominado Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un sistema de precios y un órgano administrador de dicho mercado denominado Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA).
El MEM es un mercado virtual que se encuentra conformado por un conjunto de transacciones físicas y económicas de energía eléctrica en bloque. Allí, los actores reconocidos (generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios y comercializadores) participan y efectúan tales transacciones (compra y venta de energía eléctrica) a precios determinados por la Secretaría de Energía de la Nación (salvo caso de Grandes Usuarios) sobre la base de contratos de suministro a término o spot.
Todas las instalaciones eléctricas que se encuentran en el país (salvo el caso de sistemas aislados denominados off grid) se encuentran vinculadas a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Las grandes masas de energía eléctrica de los sistemas eléctricos presentes a cada instante y que circulan a través de las redes de transporte, como resultado de la permanente e instantánea interacción entre las fuentes de generación y los centros de demanda, deben mantener un delicado equilibrio.
Dicho equilibrio es el resultado de una supervisión constante y un complejo accionar por parte de un medio de control centralizado que adopta en todo momento decisiones necesarias para mantener el funcionamiento del sistema (despacho físico) y hacerlo en forma económicamente más conveniente para los actores intervinientes y los usuarios beneficiados (despacho económico).
El control, coordinación y administración de este sistema interactivo entre fuentes de generación y centros de consumo denominado “Despacho Nacional de Cargas” se centraliza en la figura de CAMMESA, tanto desde el punto de vista operativo y físico como económico.
En dicha compañía son accionistas junto con el Estado Nacional, los principales actores (generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios) que operan el MEM nucleados en cuatro asociaciones civiles. Dicha compañía administradora fue creada por Decreto PEN 1192/92 como una sociedad anónima sin fines de lucro encargada del despacho técnico y administradora del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). El artículo 13 del mencionado Decreto establece que: “…las actividades que hacen al cumplimiento del objeto social de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA) son de interés nacional, indispensables para la libre circulación de energía eléctrica…”.
Por su parte, su Considerando II dispone que el cumplimiento de sus funciones sea de “interés público”. Ahora bien, existe una propuesta reciente impulsada por parte del Estado Nacional que tendría como objetivo eliminar la figura de CAMMESA como administradora e intermediaria del MEM, con la finalidad de que el mercado eléctrico argentino se “autogestione” en un escenario de libre juego de oferta y demanda.
De esa forma, distribuidores y generadores podrían comenzar a vincularse directamente pactando libremente sus contratos de compra y venta de energía eléctrica. Así, el Estado Nacional buscaría dar solución al déficit que existe actualmente debido a las deudas que mantienen los distribuidores con CAMMESA.
Hoy en día, CAMMESA funciona como un eslabón importante del sector eléctrico nacional ya que realiza funciones de administración de doble tipo. Desde el punto de vista técnico, lleva adelante una coordinación técnica del mercado mediante la administración del despacho mientras que, desde el económico, compra a generadores (renovables, centrales térmicas e hidroeléctricos) su producción eléctrica mayorista para luego vendérsela a los distribuidores sobre la base de un criterio estandarizado de precio.
De esa forma, su accionar y funcionamiento le da un orden al sistema eléctrico argentino generando previsibilidad y una mejora en la construcción de confianza de la ciudadanía. Por otra parte, no existe aún un escenario de libre oferta y demanda. Los actores del MEM contratan en base a pautas y términos que el Estado establece.
Forzar una relación de libre juego de oferta y demanda llevaría a que el sector privado busque maximizar sus ganancias. Por ejemplo, cada generador debería competir con el resto e intentar obtener el máximo beneficio. Según la oferta y la demanda será definido el precio entre oferentes y demandantes. Como en todo aspecto de la vida social, el orden institucional siempre ha sido una cuestión trascendental para lograr eficiencia, calidad y una mejor prestación de bienes y servicios. El sector eléctrico no escapa a este concepto.
En tal sentido, CAMMESA no hace otra cosa que administrar el despacho técnico y económico de energía beneficiando a los actores del MEM y todos los sujetos de la industria eléctrica. Ello genera previsibilidad y mejora la construcción de confianza de la ciudadanía para con el sector.
Es cierto que el funcionamiento de CAMMESA, como toda institución en el tiempo, puede ir cambiando y es normal que ello así suceda. Sin embargo, toda modificación debería ponderar un tiempo razonable para llevarse a cabo y una solución frente a los posibles escenarios. La propuesta impulsada por el Estado Nacional de eliminación de CAMMESA y “autogestión” del MEM por el libre juego de la oferta y la demanda, generaría un escenario novedoso de autonomía de la voluntad donde los distintos actores del MEM contratarían libremente y buscarían maximizar su ganancia.
Sin embargo, ello podría impactar en el servicio público de distribución de energía eléctrica y en las tarifas. Así, uno de los interrogantes que podría plantearse al respecto es cómo la reforma propuesta (que el MEM se rija por el libre juego de la oferta y la demanda) se implementaría para lograr y garantizar la continuidad de prestación del servicio público de distribución eléctrica que es esencial y complejo. Es decir, cómo impactaría la “autogestión” del mercado a ese equilibrio delicado que existe entre generación eléctrica y cubrimiento de la demanda.
Así, podríamos preguntarnos cómo sería cubierto el servicio público de distribución de energía eléctrica, qué debería hacer el distribuidor si hay generadores que optan por no querer venderle, si frente a esta situación podrían contratar suministro con generadores extranjeros y si los usuarios del servicio pagarían sus facturas más caras.
Por ello y sin perjuicio de que la medida propuesta pueda dar una solución a la cuestión del déficit entre distribuidores y CAMMESA y mejorar la interacción entre los actores del MEM, considero que su naturaleza inmediata y forma intempestiva de ejecución podrían generar que durante el período de transición entre el criterio actual y el deseado existan ciertas “lagunas” sin posible solución y, también, que se debilite la construcción de confianza de la ciudadanía en el sector.
A ello se le suma la complejidad que traería aparejada el tener que reformar el marco regulatorio eléctrico existente en forma eficiente.
En razón de lo expuesto, considero que una posible alternativa podría ser mantener el funcionamiento de CAMMESA y comenzar a identificar aquellos focos del problema para intentar darles solución. Por ejemplo, a través de medidas que busquen revisar aquellos contratos y sus condiciones en los que el Estado se encuentre involucrado como así también establecer reglas de juego claras y pautas transparentes. De esa forma, continuaría el rol fundamental de CAMMESA en la administración del MEM, su funcionamiento sería más eficiente y aumentaría la confianza de la ciudadanía en el sistema. Lucas H. Panno Abogado Especialista en Energía y Recursos Naturales.
Dr, Lucas H. Panno
