La reciente decisión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de disolver el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC) forma parte de la reorganización del esquema metrológico y de certificación en Argentina. La medida se justificó en la superposición histórica entre el SAC y el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), que actúa como referencia nacional en materia de acreditación de laboratorios y organismos de certificación con reconocimiento internacional. En este marco, se avanza hacia la consolidación de un único sistema de acreditación bajo estándares internacionales, alineado con políticas de simplificación administrativa y desregulación.
El eje normativo de este proceso se encuentra en la Resolución N° 276/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, que habilita a laboratorios privados y organismos certificadores acreditados ante el OAA —además del INTI— a realizar aprobaciones de modelo, verificaciones primitivas y verificaciones periódicas de instrumentos de medición. Para ello, se exige la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025, estándar internacional que define los requisitos de competencia técnica y de gestión de los laboratorios de ensayo y calibración, y que constituye la base del sistema de acreditación reconocido por el OAA en el marco del Sistema Nacional de Calidad.
Este cambio no solo impacta sobre los laboratorios, sino que introduce una modificación sustancial para los fabricantes alcanzados por la normativa metrológica. En efecto, aquellos fabricantes que emiten declaraciones de conformidad —bajo el régimen de la Resolución N° 611/2019— quedan ahora alcanzados por exigencias de acreditación que desplazan el esquema tradicional de controles y auditorías anuales ante el INTI, incorporando estándares técnicos, documentales y de trazabilidad propios de la ISO 17025. Se trata de un cambio estructural relevante, que altera de manera directa las condiciones bajo las cuales los fabricantes podían operar hasta ahora.
Este desplazamiento normativo modifica el esquema operativo vigente desde la Resolución N° 611/2019, que se apoyaba en un modelo más centralizado, con el INTI como referencia técnica primaria y con laboratorios y fabricantes habilitados bajo criterios que no exigían acreditación internacional. El nuevo modelo, en cambio, presupone un ecosistema técnico capaz de cumplir con estándares de acreditación complejos y costosos, tanto en términos económicos como de implementación operativa.
En este punto emerge una tensión significativa entre el diseño normativo y la realidad del mercado. Tanto los laboratorios como los fabricantes que hoy intervienen en procesos regulados por la Resolución N° 611/2019 no cuentan, en su mayoría, con acreditación ISO 17025 ni con sistemas de gestión compatibles con los requisitos que exige el OAA. La acreditación implica auditorías externas, validación metodológica, trazabilidad de patrones, documentación técnica permanente y mantenimiento de sistemas de calidad, lo que supone tiempos y costos que difícilmente se alinean con los plazos regulatorios ni con la aceleración impuesta por la disolución del SAC.
En este contexto, la eliminación del SAC opera como un factor que intensifica el impacto del cambio. El SAC cumplía históricamente un rol de certificación técnica y reconocimiento de patrones que, sin equipararse a una acreditación internacional, garantizaba continuidad operativa para fabricantes, importadores y laboratorios. Su disolución obliga a que la transición hacia el nuevo esquema se apoye exclusivamente en la acreditación ante el OAA, cuando el entramado técnico privado aún no se encuentra plenamente preparado para asumir ese rol.
Desde una perspectiva conceptual, la política pública persigue un objetivo razonable: evitar duplicidades, fortalecer el Sistema Nacional de Calidad y alinear el sistema metrológico argentino con estándares internacionales reconocidos por organismos como ILAC, IAAC, IAF e IHAF. Sin embargo, la implementación efectiva de este modelo requiere que exista una masa crítica de actores acreditados que hoy, en los hechos, no está disponible.
La reorganización del esquema metrológico local resulta consistente en sus objetivos de largo plazo, pero su viabilidad práctica dependerá de la capacidad real de laboratorios y fabricantes de avanzar en procesos de acreditación sostenibles. Si esa instancia no se alcanza en tiempo y forma, la simplificación buscada podría traducirse, en el corto plazo, en mayores demoras, incremento de costos regulatorios y reducción de la capacidad operativa del sistema.
El desafío inmediato no reside tanto en el diseño normativo, sino en su factibilidad operativa. Hasta que el sistema privado logre adaptarse efectivamente a los estándares exigidos, la transición planteada corre el riesgo de generar más tensiones que soluciones en el funcionamiento cotidiano del régimen metrológico argentino.
Dra. Andrea Zavatto
Abogada, especialista en Derecho Aduanero, Cambiario y Metrología legal. Directora de MJE COMERCIO EXTERIOR SRL.
