RECONOCIERON que el entorno digital es una fuente de valor inestimable para niñas, niños y adolescentes en cuanto al acceso al conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, cuando los servicios digitales disponibles son adecuados a la etapa de desarrollo cognitivo y socioemocional de las niñas, niños y adolescentes.

DESTACARON la relevancia de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en la vida de las niñas, niños y adolescentes como herramientas para el aprendizaje, la socialización, la expresión, la inclusión y la plena realización de los derechos de la infancia y adolescencia, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, y con las debidas salvaguardas a la protección de sus datos personales y privacidad.

REITERARON que los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben ser respetados, protegidos y realizados, en consonancia con su autonomía progresiva y RECONOCIERON el impacto inmediato y a largo plazo que el entorno digital puede tener en la salud física, psicosocial y mental de las niñas, niños y adolescentes, así como en su desarrollo.

MANIFESTARON, en este contexto, su preocupación por el aumento de la incidencia de delitos cibernéticos que involucran a niñas, niños y adolescentes, tales como el acoso y la intimidación (cyberbullying), la violación de la privacidad y de los datos personales, el abuso y la explotación sexual (grooming), todas las formas de discriminación y violencia, la incitación a la autolesión y al suicidio, influenciados por tendencias y desafíos difundidos en los servicios digitales. También EXPRESARON inquietud respecto al extremismo violento en entornos digitales, que pueden resultar en amenazas concretas a establecimientos escolares, entre otros espacios frecuentados por niñas, niños y adolescentes.

EXPRESARON, asimismo, su preocupación por garantizar la mitigación de riesgos y daños digitales contra niñas, niños y adolescentes y de contener la amplia circulación de contenidos inadecuados para este público en entornos digitales, tales como actos de violencia extrema, pornografía, juegos de apuestas en línea, venta de tabaco o bebidas alcohólicas mediante herramientas de comercio electrónico.

INDICARON que los recientes avances en las tecnologías de inteligencia artificial pueden traer riesgos adicionales para el público infantil y juvenil, en la medida en que permiten la creación de productos audiovisuales e interacciones artificiales que pueden ser utilizados indebidamente con fines como el abuso y la explotación sexual infantil.

DESTACARON la relevancia de la educación digital y mediática desde la infancia, incluso con respecto a la seguridad y otras competencias digitales, tanto en los entornos educativos formales como familiares, con foco en el desarrollo de habilidades socioemocionales y en la capacidad crítica para el compromiso consciente, seguro y responsable en los entornos digitales, teniendo presente la importancia de modalidades de consulta a niñas, niños y adolescentes y de su representación segura y pedagógicamente apropiada.

AFIRMARON la importancia de profundizar la cooperación, en el ámbito de la Reunión de Ministros del Interior y Seguridad y de la Reunión de Ministros de Justicia del MERCOSUR, entre los respectivos Ministerios, así como entre las fuerzas policiales de la región, para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y soluciones técnicas para perfeccionar la lucha contra los delitos cibernéticos que tengan como víctimas a niñas, niños y adolescentes, con estricto respeto a la protección de los datos personales y de la privacidad, así como para enfrentar organizaciones criminales trasnacionales que actúen en la región.

ENFATIZARON la importancia de que los servicios digitales cumplan con las legislaciones nacionales donde operan, especialmente aquellas normas referentes a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

DESTACARON la importancia de que las empresas proveedoras de servicios digitales que operan en la región, en caso de desarrollar o poner a disposición servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes, o que puedan ser accesibles para ellos, adopten los más altos niveles de seguridad desde el diseño y de protección de la privacidad y de los datos personales de dichos sujetos, así como que estas empresas actúen de forma proactiva y preventiva para la implementación de soluciones.

SUBRAYARON la importancia de que las salvaguardas para la protección de niñas, niños y adolescentes en los servicios digitales no sean asimétricas entre los países, sino que respondan al nivel más elevado, de conformidad con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos pertinentes.

TOMARON NOTA de las recientes iniciativas internacionales que establecieron la necesidad de que las empresas tecnológicas mejoren la verificación de edad para el acceso a determinados contenidos en el entorno digital.

DESTACARON la necesidad de fortalecer la colaboración en políticas y acciones orientadas a la ciudadanía digital, la reducción de todas las brechas digitales, alfabetización digital, la educación mediática y la concienciación sobre los riesgos del uso problemático o excesivo de dispositivos digitales por parte de niñas, niños y adolescentes.

ENFATIZARON la responsabilidad primordial de los Estados de respetar, proteger y hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la prevención de violaciones, la protección y la provisión de recursos eficaces para las víctimas, y la lucha contra todas las formas de violencia y abuso contra niñas, niños y adolescentes, incluyendo el abuso y la explotación sexual, en todo momento y en todos los entornos, incluido el digital.

RESALTARON la necesidad de promover políticas públicas de acogida y reparación a las víctimas de delitos digitales, así como perfeccionar y diversificar los canales de denuncia disponibles, los cuales deben tener en cuenta la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes.

DECIDIERON trabajar en estrecha colaboración para construir las capacidades institucionales necesarias para que los Estados de la región implementen políticas públicas coherentes para afrontar los desafíos del entorno digital para la protección de la infancia y adolescencia.

ACORDARON, asimismo, trabajar en estrecha colaboración para perfeccionar la protección legal de las niñas, niños y adolescentes contra el acoso y la explotación sexual en línea y para penalizar todas las conductas relevantes relacionadas con la explotación sexual infantil, tanto en línea como fuera de línea, incluyendo la imputación de las personas involucradas en tales actividades delictivas, además de fomentar la cooperación internacional para la investigación transfronteriza de dichos delitos.