
En la práctica circula, como doctrina indiscutible, la siguiente proposición: si el contribuyente reconoció la deuda, adhirió a un plan de facilidades de pago o fue ejecutado, la prescripción quedó interrumpida para todos, incluido el director, el gerente o el administrador al que, años después, se le notifica que es responsable solidario.
Ese razonamiento tiene la forma de un silogismo impecable. Veamos. La premisa mayor es … en las obligaciones solidarias la interrupción de la prescripción respecto de uno de los deudores se extiende a los demás – art. 2549 del Código Civil y Comercial – …. La premisa menor es … el responsable del art. 8 de la ley 11.683 es deudor solidario del contribuyente … y, con ello tenemos que la conclusión tiene que ser … la interrupción operada respecto del contribuyente se extiende al responsable ….
La forma es válida. Pero el problema reside en la premisa menor y, más precisamente, en su tiempo verbal. Que el responsable sea deudor solidario cuando la Administración lo declara tal no prueba que lo fuera cuando se produjo el acto interruptivo. La premisa menor esconde una petición de principio porque da por existente, al momento del acto interruptivo, el vínculo cuya existencia en ese momento es, precisamente, lo que se discute.
Pero ¿los actos interruptivos de la prescripción producidos respecto del contribuyente operan respecto del responsable solidario si su responsabilidad no fue declarada por acto administrativo?. Para poder responder esta pregunta debemos analizar tres cuestiones previas: 1-Si la solidaridad del art. 8 opera de pleno derecho, 2-si no lo hace, si el acto que la declara es declarativo o constitutivo y 3-qué efectos tienen sobre el responsable los actos interruptivos anteriores a ese acto en una y otra hipótesis.
Deuda propia y deuda ajena.-La ley 11.683 distingue dos categorías de sujetos pasivos que no son intercambiables. El art. 5 enumera a los responsables por deuda propia, es decir, a quienes realizan el hecho imponible. El art. 6 enumera a los responsables del cumplimiento de la deuda ajena – el cónyuge que percibe y dispone de los réditos del otro, los padres, tutores y curadores, los síndicos y liquidadores, los directores, gerentes y representantes de las personas jurídicas, los administradores de patrimonios, los agentes de retención y de percepción -. El art. 7 les impone, en esa calidad, los deberes que la ley pone a cargo de los contribuyentes para la determinación, verificación y fiscalización de los tributos.
Hasta aquí, el responsable por deuda ajena no responde con su patrimonio sino que paga con los fondos que administra o de los que dispone. Es el art. 8 el que produce el salto cualitativo, porque lo convierte en responsable con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo. Pero no lo hace de manera incondicionada. Todo lo contrario, respecto de los sujetos del art. 6, incs. a) a e) – los de mayor frecuencia práctica -, el inc. a) del art. 8 exige la concurrencia de tres extremos:
1-Que por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo.
2-Que los deudores no regularicen su situación fiscal dentro de los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de oficio.
3-Que la responsabilidad les sea atribuible, pues no existe respecto de quienes demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente.
El art. 17, en su quinto párrafo, cierra el sistema de la extensión de responsabilidad al establecer que el procedimiento de determinación de oficio deberá ser cumplido también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8.
Aparecen dos dato centrales en el análisis de la cuestión que tratamos:
1-La causa de la obligación del contribuyente y la del responsable no son la misma. El contribuyente debe porque realizó el hecho imponible. El responsable debe porque, además, incumplió deberes propios, le es imputable subjetivamente ese incumplimiento y el deudor no regularizó tras ser intimado.
2-La ley no dispone que el responsable es solidario, sino que responde solidariamente cuando se configuran ciertos presupuestos, y que esa responsabilidad se efectiviza mediante un procedimiento que concluye en un acto.
La solidaridad en el Código Civil y Comercial.- El Código define la obligación solidaria como aquella con pluralidad de sujetos, originada en una causa única, cuyo cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores en razón del título constitutivo o de la ley – art. 827 -. La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título – art. 828 -.
Los arts. 829 a 832 regulan las disposiciones generales – la independencia de los vínculos, las defensas comunes y personales y los efectos de la cosa juzgada -. Los arts. 833 a 843 regulan la solidaridad pasiva, el derecho del acreedor a exigir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, la propagación de los modos extintivos, la renuncia a la solidaridad, la responsabilidad común por la mora, la remisión a las reglas generales sobre interrupción y suspensión de la prescripción y la contribución entre codeudores[1].
La regla que el Fisco invoca no está, en rigor, en ese bloque, sino en el Libro Sexto, al que remite el art. 839 el que dispone que la interrupción de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, salvo que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. Adviértase que, en la estructura, la regla general es la no extensión. La extensión a los codeudores es la excepción.
Pero el mismo Código Civil, inmediatamente después de la solidaridad, regula una figura limítrofe pero no idéntica: las obligaciones concurrentes, en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes – art. 850 -. Para ellas, salvo disposición especial en contrario, dispone exactamente lo opuesto es decir la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes – art. 851, inc. e) -.
La línea divisoria entre una y otra figura no es, pues, el nombre que el legislador asigne a la obligación, sino la identidad o la diversidad de su causa.
La doctrina de la C.S.J.N.- En Brutti[2] se discutía la responsabilidad solidaria de los socios gerentes de una S.R.L. por el impuesto al valor agregado. El dictamen de la Procuración General sostuvo que la responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento del deudor principal a la intimación de pago, que nada impide iniciar el procedimiento determinativo contra el responsable en forma simultánea con el del contribuyente, pero que la resolución que lo declara sólo puede dictarse una vez vencido el plazo de la intimación al principal y que la dictada antes de ese vencimiento es nula. La C.S.J.N., según lo recordó después, estableció que la resolución que hace efectiva la responsabilidad sólo puede dictarse una vez vencido el plazo de la intimación de pago cursada al deudor principal.
En Bozzano[3], la C.S.J.N. revocó la sentencia que exigía la firmeza de la determinación del contribuyente como requisito previo. Sostuvo que la norma no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, que basta la intimación y el transcurso de los quince días, y que ese incumplimiento habilita – en forma subsidiaria – la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena. Añadió que esa extensión debe tramitar por el procedimiento de determinación de oficio del art. 17, cuyo acto final es apelable ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Fuera del ámbito tributario, en Albarracín Marcelo Alfredo c/ AGEA S.A. y otros[4] la C.S.J.N. revocó una condena solidaria impuesta a la sociedad controlante de un grupo económico, por entender que la extensión de responsabilidad exigía acreditar los presupuestos que la ley prevé, y que el hecho de pertenecer a un grupo empresario no implica ni hace presumir la comisión de un fraude.
De estos pronunciamientos puede extraerse, por inducción, una regla común: la solidaridad que la ley condiciona a determinados presupuestos no se presume, no opera por la sola relación entre los sujetos y sólo se extiende al tercero cuando quien la invoca acredita esos presupuestos en el procedimiento correspondiente[5].
¿Opera la solidaridad de pleno derecho?.- Conviene no confundir dos proposiciones distintas. Que la responsabilidad del art. 8 sea ex lege significa que su fuente es la ley – y con ello se satisface el art. 828 del CCyC -. Que opere ipso iure significa que sus efectos se producen por la sola verificación de los hechos, sin necesidad de acto alguno que la declare. Lo primero es indiscutible. Lo segundo es lo que debe demostrarse.
Una obligación opera de pleno derecho sólo si sus efectos se producen por la sola verificación de su presupuesto, sin necesidad de un acto que la declare. Pero la responsabilidad del art. 8, inc. a), no puede hacerse efectiva sino mediante el procedimiento del art. 17 y su acto final, dictado una vez vencida la intimación al deudor principal – art. 17, quinto párrafo -. Es decir que la responsabilidad del art. 8, inc. a), no opera de pleno derecho.
La conclusión se refuerza por la naturaleza de uno de los presupuestos. El incumplimiento del contribuyente y el vencimiento del plazo son hechos objetivos que se constatan. La imputabilidad subjetiva del responsable, en cambio, no se constata sino que debe ser el resultado de un juzgamiento y resolución. Y un juicio de reproche requiere un órgano que lo emita, un procedimiento que lo preceda y un sujeto que pueda defenderse, porque así lo exige el art. 18 de la Constitución Nacional. Una responsabilidad cuyo presupuesto es un juicio no puede, por definición, operar sin que ese juicio se emita.
Debemos hacer una salvedad. Si bien el último párrafo del art. 17 dispensa del procedimiento determinativo a los agentes de retención y de percepción, para quienes basta la simple intimación de las sumas reclamadas. Aun allí, sin embargo, la ley exige un acto que extienda la responabilidad.
¿Acto declarativo o constitutivo?.- Si se requiere un acto, la siguiente pregunta es qué hace ese acto. Existen dos posturas razonables.
La primera lo califica como declarativo. Por paridad con la determinación de oficio del contribuyente – que no crea la obligación, nacida del hecho imponible, sino que la verifica y cuantifica -, el acto respecto del responsable declararía una responsabilidad nacida de la ley al configurarse sus presupuestos. La fortaleza de estas tesis estriba en la coherencia con la teoría general de la determinación y que evita que el responsable se beneficie de la demora administrativa. Su debilidad, en cambio, es que traslada al responsable una teoría pensada para una obligación de causa única y objetiva – el hecho imponible – a una obligación cuyo presupuesto incluye un juicio de imputación subjetiva. Generalizar al responsable la regla del contribuyente, sin atender a esa diferencia esencial, expone a la tesis a una falacia de accidente inverso.
La segunda lo califica como constitutivo. Antes del acto, el Fisco carece de título contra el responsable. No puede intimarle el pago, no puede ejecutarlo ni puede imputarle la deuda. El acto crea su situación jurídica de deudor exigible del Fisco. La fortaleza de esta tesis es la letra de la ley y de la C.S.J.N.. En efecto, el art. 17 habla de efectivizar la responsabilidad y, en Brutti, la .C.S.J.N. expresó que ella nace frente al incumplimiento del principal. En Bozzano, estableció que ese incumplimiento habilita su extensión y que lo hace en forma subsidiaria. Queda claro que se habilita lo que no existía. Se trata de una responsabilidad subsidiaria, simultánea.
Ahora bien, la debilidad de la tesis es que los hechos que el acto valora preexisten a él. El acto no es creador de los hechos sobre los que construye la imputación al contribuyente.
Pero existe una tesis que sintetiza ambas tesis y es la que expresa que el acto es declarativo en cuanto a los hechos – constata una conducta pasada – y constitutivo en cuanto al vínculo – crea la obligación exigible del responsable frente al Fisco -. Y para la prescripción lo relevante es el vínculo, porque la interrupción no opera sobre hechos sino sobre obligaciones.
El dilema.- Ahora bien, ¿existe realmente un dilema generado a partir del carácter declarativo o constitutivo del acto que declara la responsabilidad?.
Un acto declarativo retrotrae sus efectos al momento en que se configuró su presupuesto, nunca a un momento anterior. Y el presupuesto de la responsabilidad del art. 8, inc. a), incluye el vencimiento de los quince días de la intimación al deudor principal sin que este haya regularizado. Hay que distinguir, entonces, dos tramos.
a.Actos interruptivos anteriores al vencimiento de la intimación. Si el presupuesto de la responsabilidad no se había configurado, no existía vínculo solidario alguno, ni siquiera en la hipótesis declarativa. En efecto, si partir de que la interrupción sólo se extiende entre quienes ya son codeudores solidarios al momento del acto interruptivo y antes del vencimiento de la intimación al principal, el responsable no es codeudor, entonces los actos interruptivos de ese tramo – el reconocimiento de la deuda en una declaración jurada rectificativa, la adhesión a un plan de facilidades, la renuncia al término corrido – no producen efecto alguno respecto del responsable.
b.Actos interruptivos posteriores al vencimiento de la intimación, pero anteriores al acto que declara la responsabilidad. Es el flanco en que el argumento fiscal resulta más fuerte. Si se admitiera que el acto es declarativo y que la obligación del responsable es solidaria en el sentido del art. 827 del CCyC, el art. 2549 favorecería al Fisco. Pero la tesis hasta aquí desarrollada se mantiene incluso frente a este supuesto. Veamos:
1-La obligación del responsable no es solidaria en el sentido del Código, sino concurrente. El art. 827 exige causa única, y la causa de la obligación del contribuyente – el hecho imponible – no es la causa de la obligación del responsable – el incumplimiento culpable de deberes propios, sumado al incumplimiento del principal intimado -. Dos deudores que deben el mismo objeto por causas diferentes son, por definición legal, obligados concurrentes – art. 850 -, y entre ellos la interrupción no produce efectos expansivos – art. 851, inc. e) -. La calificación de solidaria que emplea el art. 8 no altera la estructura de la obligación. El nombre no determina la naturaleza de una institución, regla que la C.S.J.N. ha aplicado reiteradamente en materia tributaria.
2-La ley 11.683 es ley especial y el derecho privado sólo se aplica cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido de sus normas – art. 1 -. Y la ley reguló expresamente la extensión subjetiva de los efectos de la prescripción a los responsables solidarios, pero solo para la suspensión derivada de la intimación al principal – art. 65, inc. a), segundo párrafo – y no lo hizo para ninguna de las causales de interrupción del art. 67. Donde el legislador quiso la extensión, así la reguló expresamente y si la solidaridad no se presume, tampoco se presumen sus efectos más gravosos.
3-Los actos interruptivos del art. 67 – el reconocimiento, la renuncia, la ejecución fiscal – son actos del contribuyente o dirigidos contra él. Extender sus efectos al responsable antes de haber sido llamado al procedimiento importa que el patrimonio de un tercero quede afectado por actos en los que no intervino, lo que no se compadece con la garantía de defensa en el procedimiento administrativo.
Si el acto, por contrario a lo hasta aquí expuesto, es constitutivo, la demostración de la tesis que estamos desarrollando, es directa. En efecto, si la interrupción de la prescripción presupone una obligación existente cuyo plazo de prescripción esté corriendo y antes del acto constitutivo no existe obligación del responsable frente al Fisco, entonces ningún acto interruptivo anterior al acto que declara la responsabilidad pudo producir efecto alguno respecto del responsable. Lo que no existe no se interrumpe.
Esta conclusión no conduce al absurdo de una responsabilidad imprescriptible. La potestad del Fisco de efectivizar la responsabilidad nace cuando puede ser ejercida, es decir, al vencer la intimación al principal y, desde ese momento, comienza a correr su propio plazo de prescripción, que sólo pueden interrumpir los actos dirigidos contra el responsable. A ello se suma que el responsable puede oponer, como defensa común, la prescripción de la deuda del contribuyente. Los actos interruptivos producidos respecto del principal mantienen viva la deuda del principal, pero no prolongan la potestad del Fisco contra el responsable.
La objeción del art. 65, inc. a), segundo párrafo.- El Fisco podría replicar que el art. 65, inc. a), segundo párrafo, dispone que la intimación de pago efectuada al deudor principal suspende la prescripción de las acciones y poderes del Fisco respecto de los responsables solidarios y que esa norma prueba que el legislador concibe al responsable como solidario antes del acto que lo declara. Esta posición no puede ser aceptada.
1-Porque la norma regula la suspensión, no la interrupción y se trata de institutos distintos con efectos distintos.
2-Porque si la extensión de los efectos de la prescripción a los responsables operara naturalmente por aplicación del Código Civil y Comercial, la norma del art. 65 inc. a) de la ley 11.683 sería superflua y la regla hermenéutica es que el legislador no emplea palabras inútiles. La previsión expresa de una excepción confirma la regla general de no extensión.
3-Porque la norma es coherente con la tesis que estamos desarrollando. En efecto, la intimación al principal es, precisamente, el acto que pone en marcha el presupuesto de la responsabilidad y la ley concede al Fisco un plazo adicional para sustanciar el procedimiento del art. 17. Que el dictamen en Brutti haya extendido ese efecto suspensivo aun antes de la reforma de la ley 25.239 no altera la conclusión, porque se refirió a la suspensión y no a la interrupción.
La tesis que proponemos, entonces, debe enunciarse en los siguientes términos: salvo la suspensión expresamente prevista en el art. 65, inc. a), segundo párrafo, ningún efecto de la prescripción producido respecto del contribuyente se extiende al responsable mientras su responsabilidad no haya sido declarada por un acto administrativo expreso.
En síntesis.- La responsabilidad del art. 8, inc. a), de la ley 11.683 es ex lege, pero no opera ipso iure porque requiere el procedimiento del art. 17 y un acto que la declare, dictado una vez vencida la intimación al deudor principal.
Ese acto es declarativo en cuanto a los hechos que valora y constitutivo en cuanto al vínculo obligacional del responsable frente al Fisco.
Si el acto es constitutivo, antes de él no existe solidaridad y ningún acto interruptivo producido respecto del contribuyente pudo afectar al responsable y, por el contrario, si el acto es declarativo, los actos interruptivos anteriores al vencimiento de la intimación al principal no afectan al responsable, porque el vínculo aún no existía y los posteriores tampoco lo afectan, porque la obligación del responsable, de causa diferente a la del contribuyente, es concurrente y no solidaria y porque la ley 11.683 sólo extendió a los responsables la suspensión derivada de la intimación al principal.
Quien pretende extender al responsable la interrupción operada respecto del contribuyente debe probar que el vínculo solidario existía al tiempo del acto interruptivo. Y esa prueba, sin acto que declare la responsabilidad, no puede producirse.
Dres. Leandro Stok y Abel Atchabahian
[1] Los arts. 844 a 849 tratan la solidaridad activa que es ajena a lo que tratamos en el presente artículo.
[2] Brutti Stella Maris, Fallos 327:769
[3] Bozzano Raúl José, Fallos 337:58
[4] Fallos 349:594
[5] Honestidad intelectual y lógica nos exige reconocer que se trata de una inducción incompleta porque tres casos se encuentran lejos de agotar el universo, pero los tres apuntan en la misma dirección y ninguno de ellos en el sentido contrario.





