Entrevista a la Dra. Carolina Robiglio, juez de la Cámara Nacional en lo Penal Económico

En su nuevo rol como jueza de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, la Dra. Carolina Robiglio recibe a Mercojuris. Durante la charla, hablará sobre su nueva función luego de más de dos décadas como fiscal, de las distintas reformas que se están llevando a cabo en el sistema judicial y de su rol como vocal en el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario.

– ¿Qué opina sobre la reforma tributaria que quiere llevar adelante el gobierno?

– Es un tema de enorme interés para todos los sectores que están inmersos en la cuestión tributaria. En lo que respecta a mi área, esto no deja afuera la reforma de la ley penal tributaria, que a su vez está encaminado en el marco de la reforma del Código Penal. La ley penal tributaria que rige actualmente es de 1997 y, aunque tuvo varias reformas, hay algunos aspectos que quedaron atrasados, como las penas de algunos delitos o algunas sumas fijas que quedaron atrasadas por los cambios en la economía nacional.

– De realizarse esta reforma, ¿cree útil que el fallo «De la Rosa Vallejos» tenga rango legislativo?

– En el caso de la ley penal tributaria tenemos el agregado de los tributos locales. Al problema de la doble jurisdicción se nos agregan las jurisdicciones provinciales, lo que hace que la solución legislativa sea más compleja todavía. La solución debería apuntar a que las provincias adhieran a una ley nacional. En cuanto al tema aduanero, recoger lo que dijo la corte en el caso De la Rosa Vallejos me parece algo ineludible. De hecho, en la ley penal tributaria, que es muy posterior, se tomó el criterio que tuvo la corte en aquel fallo. Se inspiró en eso.

– ¿Por qué cree que está habiendo tantas reformas en la Justicia en la actualidad?

– La evolución de la sociedad exige una evolución en los tribunales. No se pueden comparar los casos de ahora con los de hace 20 años o más. Tenemos un código penal que es de 1921 y un código procesal penal, que si bien es del año 1922, no deja de ser un código de transición en cuanto al procedimiento más adecuado con miras a una modernización de la justicia penal y una agilización en la búsqueda de los resultados. Hay que lograr que los procesos sean más breves sin recortar las garantías de las partes. Antes quizás las prioridades eran otras, pero el cambio de la sociedad como empuja a estas modificaciones.

– ¿Existen proyectos para acortar los plazos que demanda una denuncia penal?

– Este año entró en vigencia la ley de flagrancia, que apunta a agilizar una gran cantidad de procesos penales. Sin embargo, afecta más a otro tipo de delitos que aquellos que nos competen a nosotros, que están relacionados con asuntos aduaneros. En estos casos, como en todos los delitos económicos en general, se trata de delitos complejos. Esto significa que su forma de investigación es más complicada. La prueba de este tipo de delitos es compleja. No es lo mismo cómo probar, por ejemplo, un hurto en la calle, que una maniobra cometida en el ámbito empresario que involucra distintos personajes del comercio exterior que están ubicados en distintos lugares del mundo y se rigen por leyes diferentes. En muchos de estos casos, no solo es necesario contar con el documento aduanero argentino, sino que necesitamos otras pruebas que quizás tienen que producirse en el exterior, para lo que hay que comenzar una serie de procesos muy largos. La complejidad, en estos casos, es sinónimo de más tiempo para la resolución, por más medios con los que se cuente en el ámbito local.

– ¿Cuáles son los delitos que tratan con más frecuencia?

– Los casos que tenemos con más frecuencia son los de contrabando documentado, de valor, de narcotráfico. También tenemos muchos casos de evasión tributaria.

– ¿Cómo se siente en su nuevo rol de jueza tras tantos años como fiscal?

– Todavía estoy adaptándome, ya que fueron 23 años como fiscal y en esta nueva función llevo menos de un año. Desde lo profesional, fue una satisfacción enorme haber podido llegar a este cargo. Además, el cambio de función ha sido un estímulo para ponerle a este nuevo trabajo la misma energía que le puse a la fiscalía, pero renovada por la alegría que me generó este cambio. Hay también un punto adicional, que es que, desde su creación, la Cámara en lo Penal Económico jamás había tenido una integrante mujer, lo que es un factor extra de alegría.

– En su función como vocal del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario (CAEPT), ¿qué desafíos y objetivos se plantean?

– Hablando de reformas y épocas de cambios, el CAEPT ha tenido un viraje como consecuencia del cambio de autoridades. En este momento, la gestión está plenamente avocada a mirar la cuestión relativa a las modificaciones legislativas, sin dejar la actividad principal del Centro, que es la académica. El CAEPT está muy vinculado con el programa de especialización en Derecho Penal Tributario que se dicta en la Facultad de Derecho de la UBA y también se generan jornadas de distintos tipos, algunas interdisciplinarias que se arman en conjunto con otras entidades. Estamos en una etapa de renovación muy positiva.

Martín Gordo

@martin_gordo