España necesita intensificar la aplicación de medidas contra el soborno en el extranjero sin demora, dice el Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE
Desde que la Convención Anticohecho de la OCDE entró en vigor hace más de 20 años, España ha condenado con éxito sólo a dos personas en un caso de cohecho transnacional y no ha condenado a una sola empresa. España sigue cerrando casos prematuramente. Los fiscales no tienen tiempo suficiente para llevar a cabo sus investigaciones y enfrentan desafíos para implementar medidas de investigación adecuadas. España necesita abordar estos problemas con urgencia y mejorar la detección mediante la regulación de la auto-revelación voluntaria y la protección de los denunciantes.
El Grupo de Trabajo de 44 países acaba de completar su evaluación de Fase 4 de la implementación de España de la Convención para Combatir el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales e instrumentos relacionados. Además de las cuestiones descritas anteriormente, el informe expresa su preocupación por la interpretación restrictiva del delito de cohecho transnacional por parte de los jueces españoles, el plazo de prescripción excesivamente corto aplicable a los procesos contra personas jurídicas y cómo se genera en la práctica la responsabilidad penal de las empresas. El Grupo de Trabajo hizo una serie de recomendaciones para mejorar la capacidad de España para prevenir y combatir el soborno transnacional, entre ellas:
- adopte urgentemente su proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes y garantice que se alinea con los estándares de la Recomendación contra el soborno de 2021;
- asegurar que los fiscales especializados tengan suficiente tiempo para llevar a cabo investigaciones procesales de manera efectiva, y que el umbral para abrir una investigación judicial sobre cohecho transnacional permita la investigación y el enjuiciamiento efectivos del delito;
- alinear el estatuto de limitaciones para iniciar un caso de soborno transnacional contra personas jurídicas con el aplicable a personas físicas;
- considerar la introducción de un sistema de resoluciones no judiciales para casos de cohecho transnacional que siga los principios del debido proceso, la transparencia y la rendición de cuentas; y
- sensibilizar a las empresas de todos los tamaños sobre el delito de cohecho transnacional y promover activamente el cumplimiento de las normas anticorrupción, en particular entre las PYME
- El informe también destaca varios avances positivos y buenas prácticas, como el aumento en el número de investigaciones de cohecho transnacional, la consolidación del delito de soborno transnacional y la clarificación de la responsabilidad penal de las empresas tras la reforma del Código Penal de 2015, el aumento de la detección de soborno transnacional a través del sistema contra el lavado de dinero, aumentó las sanciones contra las personas naturales, así como la sanción de un delito de cohecho transnacional agravado que, bajo ciertas circunstancias, aumenta la pena máxima de prisión a 9 años. Las autoridades españolas también son muy activas e ingeniosas a la hora de solicitar y responder a la asistencia judicial recíproca.
El Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE adoptó el Informe España Fase 4el 8 de diciembre de 2022. El informe es parte de la cuarta fase de monitoreo de los miembros del Grupo de Trabajo, lanzada en 2016. La Fase 4 analiza los desafíos particulares y los logros positivos del país evaluado. También explora temas como la detección, el cumplimiento, la responsabilidad corporativa y la cooperación internacional, además de cubrir temas no resueltos de informes anteriores. El informe enumera las recomendaciones que el Grupo de Trabajo hizo a España en las páginas 97-102, e incluye una descripción general de la actividad de cumplimiento reciente y las características legales, políticas e institucionales específicas del marco de España para combatir el soborno internacional. España proporcionará una actualización oral dentro de un año (diciembre de 2023) sobre el estado del proyecto de ley para proteger a los denunciantes y el progreso en la aplicación del cohecho internacional. Dentro de dos años (diciembre de 2024), España presentará un informe escrito al Grupo de Trabajo sobre la implementación de todas las recomendaciones y sus esfuerzos de cumplimiento. El informe de seguimiento también se pondrá a disposición del público.
Fuente: OCDE
