Introducción: cuando el federalismo se diluye en la operatoria.
En julio de 2024 sostuvimos, desde este mismo medio, que federalizar las importaciones no es una consigna política ni un reclamo sectorial, sino una condición estructural de competitividad para las economías regionales. Allí se analizó cómo la evolución normativa y operativa del tránsito aduanero fue desplazando progresivamente los esquemas simplificados, concentrando despachos en frontera y generando efectos colaterales no deseados, entre ellos el desvío sistemático de cargas hacia puertos de países vecinos.
Dos años después, aquella advertencia deja de ser histórica y se vuelve urgente. Las recientes restricciones operativas —especialmente en el modo aéreo— reinstalan, en los hechos, una lógica de nacionalización forzada en frontera, afectando de manera directa a las Pymes del interior del país, que ven incrementados costos, demoras y riesgos logísticos.
El problema no es aislado ni coyuntural: es sistémico. Abarca el tránsito, la desconsolidación de cargas, la selectividad y, en definitiva, la concepción misma del territorio aduanero argentino.
El modo aéreo: Una “Aduana Paralela” en Ezeiza.
El transporte aéreo se define por su velocidad. Por ello, el tránsito simplificado con declaración sumaria (TRAS) es esencial para la celeridad hacia las Aduanas del Interior. Sin embargo, lo que hoy ocurre en la jurisdicción de Ezeiza no es control, es una aduana paralela. Al desconocer el TRAS y forzar declaraciones detalladas en frontera, se erige un filtro discrecional que atropella el federalismo.
No se puede permitir que una aduana de arribo se arrogue facultades para “secuestrar” operativamente cargas cuyo destino natural pertenecen a las aduanas del interior. Esta obstinación administrativa desnaturaliza la logística aérea: la carga, que paga un flete elevado para ganar tiempo, termina absorbida por procedimientos burocráticos que duplican costos y riesgos.
La doble selectividad: el tránsito convertido en castigo.
Uno de los aspectos más gravosos —y menos explicitados— de este esquema es la duplicación del riesgo de control.
Cuando se fuerza una tramitación detallada o equivalente en la aduana de ingreso, la mercadería queda expuesta a selectividad y eventual canal rojo en frontera. Posteriormente, al arribar a la Aduana del Interior para su despacho definitivo, la misma carga vuelve a quedar sujeta a selectividad, habilitando la posibilidad de un segundo canal rojo.
El resultado es claro:
- doble probabilidad de verificación física,
- doble riesgo de demoras,
- doble exposición a costos de almacenaje, manipuleo y roturas,
- mayor incertidumbre para cadenas productivas que dependen de insumos críticos.
Este doble control no mejora la fiscalización: simplemente castiga al tránsito, convirtiendo una herramienta de facilitación en un obstáculo administrativo.
El problema estructural: desconsolidación bloqueada y tránsito negado al interior.
La cuestión no se limita al modo aéreo. Desde hace más de tres décadas, el comercio exterior argentino arrastra restricciones sistemáticas para desconsolidar cargas y permitir su continuidad bajo tránsito hacia las Aduanas del Interior, especialmente en el modo acuático.
La imposibilidad de desconsolidar cargas LCL o break bulk en depósitos fiscales argentinos y remitirlas luego bajo tránsito simplificado o monitoreado obliga, en los hechos, a nacionalizar en los grandes nodos portuarios de AMBA, aun cuando el importador y su estructura operativa producen y se encuentren en otra provincia.
Esto configura una barrera para‑arancelaria interna que:
- encarece artificialmente la logística,
- vacía de funciones a las Aduanas del Interior,
- y penaliza a quienes producen, importan y generan empleo fuera del AMBA.
Por qué Montevideo y Valparaíso ganan: no por laxitud, sino por derecho vigente.
Para evitar diagnósticos erróneos, es necesario aclarar un punto central: la mayor fluidez operativa de Uruguay y Chile no responde a una laxitud normativa, sino a la aplicación plena del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), vigente desde 1990 y suscripto por la Argentina junto a otros países de la región.
El ATIT permite el Tránsito Internacional Terrestre entre países miembros —e incluso en tránsito a un tercer país— independientemente del origen de la mercadería, mediante procedimientos simplificados instrumentados a través del MIC‑DTA, equivalente a una declaración sumaria.
La paradoja argentina es evidente:
- el país admite y reconoce el tránsito internacional terrestre simplificado en el marco del ATIT,
- pero no habilita herramientas equivalentes dentro de su propio territorio para cargas desconsolidadas, limitándolas a contenedores completos de un solo consignatario y, en general, bajo esquemas de tránsito monitoreado.
El resultado es un desvío estructural de comercio: más volumen y trabajo para puertos extranjeros, menos actividad para puertos y depósitos fiscales argentinos, y mayores costos para las economías regionales.
Tecnología subutilizada y federalismo debilitado.
La situación resulta paradójica en un contexto de trazabilidad electrónica, monitoreo satelital y control no intrusivo. Cuando se impide la desconsolidación y se obliga a duplicar controles, la tecnología deja de ser una herramienta de facilitación y se convierte en un costo adicional que no resuelve el problema de fondo: la falta de federalismo logístico.
Conclusión: federalizar no es una concesión, es una obligación competitiva.
No existe comercio exterior competitivo sin federalismo operativo. La Aduana es una sola en todo el territorio nacional y su función no es concentrar poder en los puntos de arribo, sino facilitar el movimiento interno de mercaderías bajo control inteligente, uniforme y previsible.
Federalizar las importaciones implica dejar de expulsar carga hacia puertos vecinos, recuperar actividad logística local y permitir que las empresas operen donde producen, invierten y generan empleo.
Como se advirtió en 2024, el tránsito no es un detalle técnico: una palabra —sumaria o detallada— puede reordenar toda la logística de un país.
Lineamientos mínimos para una federalización operativa de las importaciones.
A modo de síntesis propositiva, resultan imprescindibles al menos las siguientes acciones:
- Restablecer criterios uniformes para los tránsitos aéreos hacia el interior bajo modalidades simplificadas o monitoreadas, con gestión de riesgo y sin nacionalización forzada en frontera.
- Habilitar la desconsolidación operativa de cargas LCL y break bulk en depósitos fiscales argentinos, permitiendo su continuidad bajo tránsito hacia las Aduanas del Interior.
- Evitar la doble selectividad sobre una misma mercadería, garantizando que el tránsito no se transforme en una penalidad administrativa sino en una verdadera herramienta de facilitación.
Mgter. Gustavo Fadda
Especialista en Comercio Exterior
