Índice de percepción de la corrupción – Dr. Alfredo Collosa
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 publicado por Transparency Internacional[1] muestra que la corrupción está prosperando en todo el mundo.
El IPC clasifica a 180 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy limpio).
Más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50 sobre 100, lo que indica claramente que tienen graves problemas de corrupción. El promedio mundial se ha estancado en tan solo 43, mientras que la gran mayoría de los países no han avanzado o han retrocedido en la última década. Es más, 23 países cayeron a sus puntuaciones más bajas hasta la fecha este año.
INJUSTICIA Y PROBLEMAS EN LA CIMA
La tendencia mundial a debilitar los sistemas de justicia está reduciendo la responsabilidad de los funcionarios públicos, lo que permite que la corrupción prospere.
Tanto los líderes autoritarios como los democráticos están socavando la justicia. Esto aumenta la impunidad de la corrupción e incluso la fomenta eliminando las consecuencias para los delincuentes. Los actos corruptos, como el soborno y el abuso de poder, también se están infiltrando en muchos tribunales y otras instituciones judiciales de todo el mundo. Allí donde la corrupción es la norma, las personas vulnerables tienen un acceso restringido a la justicia, mientras que los ricos y poderosos se apoderan de sistemas de justicia enteros, a expensas del bien común.
Los países que ocupan los primeros puestos del IPC tienen su propio problema de impunidad, aunque esto no se refleje en sus puntuaciones. Muchos casos de corrupción transfronteriza han involucrado a empresas de los países con las puntuaciones más altas que recurren al soborno cuando hacen negocios en el extranjero. Otros han implicado a profesionales que venden secretos o facilitan de alguna otra manera la corrupción de funcionarios extranjeros. Y, sin embargo, los países con las puntuaciones más altas a menudo no persiguen a los perpetradores de la corrupción transnacional y a quienes los facilitan.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO?
Todas las regiones están estancadas en sus esfuerzos generales para combatir la corrupción o muestran signos de declive. Sin embargo, unos pocos países han mejorado significativamente sus puntajes en la última década, lo que demuestra que es posible avanzar en cualquier entorno.
Si bien Europa occidental y la Unión Europea siguen siendo las regiones con mejor puntuación, su puntuación media regional descendió a 65 este año, a medida que se debilitan los controles y contrapesos y se erosiona la integridad política. A pesar de la mejora en algunos países, África subsahariana mantiene el promedio más bajo, 33, en un contexto de presión sobre la democracia y el Estado de derecho.
El resto del mundo permanece estancado, y todas las demás regiones tienen promedios inferiores a 50. Europa del Este y Asia Central luchan con un estado de derecho disfuncional, un autoritarismo creciente y una corrupción sistémica.
En Oriente Medio y el norte de África no se observan grandes avances, lo que refleja las luchas en curso contra la corrupción política y los conflictos, y en Asia y el Pacífico se observa un estancamiento a largo plazo, aunque algunos países que históricamente han estado en la cima están retrocediendo. Por último, la falta de independencia judicial y el débil estado de derecho están permitiendo una impunidad generalizada en las Américas.
SITUACIÓN EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Con dos tercios de los países de la región con una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), las Américas sigue enfrentando serios desafíos en la lucha contra la corrupción. La falta de independencia del Poder Judicial en la región es uno de los principales problemas. Esto debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en perjuicio de las personas y del bien común
En la última década, sólo dos países de la región, Guyana (Puntuación en el IPC: 40) y República Dominicana (35) han mejorado sus puntuaciones en el IPC. Todos los demás se han estancado o deteriorado significativamente. Canadá (76) y Uruguay (73), que tienen un sistema más sólido de pesos y contrapesos institucionales, se ubican en la cima del ranking regional. Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) presentan los puntajes más bajos, con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial.
FALTA DE INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA PODER JUDICIAL
En América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia del Poder Judicial facilita la corrupción y la infuencia indebida por parte de élites políticas y económicas.
Por esta razón, muchos sistemas judiciales de la región no son capaces de aplicar la ley de manera efcaz e imparcial o de ejercer su función de contrapeso sobre otros poderes del Estado, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de la democracia
En países como Brasil (36), México (31) y Honduras (23), la destitución y el nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado, a menudo mediante procesos opacos y, en algunos casos ilegales, socava la independencia del Poder Judicial.
Esto fomenta la injusticia y la aplicación de la ley en función de los intereses del gobierno de turno y las élites. También garantiza la impunidad de los corruptos y obstaculiza la posibilidad de recuperar activos robados.
En casos de cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de las élites políticas, como se ha visto en Nicaragua (17), Guatemala (23) y El Salvador (31), el Poder Judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos.
Recientemente, en los dos últimos países, el Poder Judicial se ha utilizado para manipular procesos electorales, poniendo en riesgo a la democracia y, en el caso de Nicaragua, se ha usado para consolidar la dictadura. La sensación de impunidad y la incapacidad de jueces y fiscales para proceder con imparcialidad y garantizar juicios justos e igualdad ante la ley afectan signifcativamente la confianza pública en el Poder Judicial.
Esto, a su vez, desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura. Los más afectados son las personas más pobres y grupos vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, las minorías sexuales y las personas migrantes. Estos grupos a menudo experimentan discriminación cuando intentan obtener justicia.
Dr. Alfredo Collosa
diciembre 2024
[1]https://www.transparency.org/en/cpi/2023
