Uno de los grandes debates que nos ha dado la ciencia económica en las últimas décadas ha sido el de reglas versus discrecionalidad, ¿es mejor que la política económica siga reglas claras o que existan márgenes de maniobra más amplios y flexibles?
Lo fundamental que separa un escenario del otro es el grado de consistencia temporal. Tener reglas creíbles permite que los agentes económicos puedan fijar expectativas y tengan un horizonte de decisión más largo, lo que, por ejemplo, es deseable para la inversión. En cambio, la discrecionalidad va en detrimento de esto, pero permite un mayor margen de maniobra frente a shocks externos, algo que es usual en las economías modernas. Margen de maniobra que, potencialmente, se puede usar para favorecer el bienestar general.
En general el debate se ha concentrado en la política monetaria y la fiscal, con conceptos que ya se han hecho famosos entre los economistas como la Regla de Friedman. Sin embargo, en esta oportunidad llevaremos el debate al ámbito de la política comercial. Y, en particular, al análisis de la situación actual de Argentina.
La política comercial de nuestro país se caracteriza por un elevadísimo grado de proteccionismo en comparación a nuestros socios regionales y al resto del mundo. El arancel promedio aplicado por Argentina supera el 11%, con picos de 35%. Hay que sumar más de 100 medidas antidumping. Y también derechos de exportación sobre múltiples productos. Además, hay trabas cuantitativas, como son las Licencias No Automáticas de Importación, y las cuotas y permisos de exportación.
Hasta aquí pinta un panorama muy desalentador para los exportadores, importadores, productores y consumidores. Y lo es. Pero, no por nada comenzamos hablando de reglas versus discrecionalidad. Para todos los mecanismos que mencionamos hay algún artilugio discrecional a disposición. En general con el siguiente esquema: la legislación fija una regla para la política comercial, pero en algún artículo se deja espacio para incumplirla o eludirla bajo ciertos criterios o circunstancias, que muchas veces dependen de la interpretación del funcionario de turno.
Es así que para los aranceles hay listas de excepciones, pero quien entra y quien sale de esa lista es definido por un funcionario. Para las cuotas hay un cupo total, pero como se distribuye es otro debate. Y las licencias y permisos tienen precondiciones, pero que deben ser administrados por un funcionario.
Esta estructura da lugar a lo que llamo proteccionismo gruyere. Una pared de protección comercial que parece infranqueable pero que, en realidad, tiene múltiples agujeros. Cada “agujero” de este muro es una potencial renta; porque no se paga un arancel, porque se aprovecha un cupo o porque se obtiene un permiso. Nótese que este proteccionismo agujereado también se ve en los múltiples regímenes especiales sectoriales que hay vigentes, donde cada cual tiene un apartado especial sobre aranceles de importación o derechos de exportación.
Esto da lugar a una política comercial de la peor calaña. Primero porque aísla a la economía, en general, de la competencia. Segundo, porque la discrecionalidad de su administración incentiva al lobby rentístico anti-competitivo y, derivado, a la corrupción. Y tercero porque, como es discrecional, no sirve para fijar expectativas, ni siquiera para las empresas protegidas, y en consecuencia frena la inversión.
El debate de reglas versus discrecionalidad nos sirve entonces también para pensar hacia donde avanzar. No hay dudas de que la apertura económica es fundamental para aspirar a un país competitivo y próspero. Pero si no se logra mediante una serie de compromisos creíbles en el largo plazo, entonces perderemos gran parte de los beneficios que tiene asociados la integración internacional, que vienen del lado de la inversión.
Ec. Eugenio Marí
Mayo 2.023
Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Docente de Economía Internacional UCEMA.
