La digitalización como parte de una estrategia anticorrupción – Dr. Alfredo Collosa

La pandemia en curso está demostrando día a día lo importante que es la digitalización de los gobiernos.

Parecería que nos encontramos en un momento histórico en el tema y estamos frente a una oportunidad única de acelerar el paso hacia los gobiernos digitales para reconstruir la confianza siendo mas eficientes y acelerar la lucha mundial contra la corrupción, impulsada por el uso más inteligente de las nuevas tecnologías y el análisis de datos.

La oportunidad es enorme. Según el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), si para el 2030 ALC puede cerrar la brecha de digitalización con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el PIB de la región crecería unos tres puntos porcentuales más al año. Esto generaría más de 700.000 millones de dólares de crecimiento de actividad económica y alrededor de 400.000 nuevos puestos de trabajo anuales en la región. Solo conectar 11 millones de hogares en ALC a Internet generaría alrededor de 400.000 puestos de trabajo, según algunos estudios.

Otra publicación del BID^[1] afirma que el desarrollo de la digitalización, a través de avances en eficiencia y el uso de las tecnologías digitales pueden impulsar un crecimiento de 5,7 puntos porcentuales en los próximos 10 años en América Latina y el Caribe, lo que supone USD 325.000 millones.

Por eso quería comentar en el presente algunos recientes estudios que tratan el tema para luego dar algunas reflexiones del tema.

Estudio sobre el tema

En el artículo La digitalización como estrategia anticorrupción[2] se dice que la digitalización puede alterar las oportunidades de corrupción al reducir la discreción, aumentar la transparencia, y permitir la rendición de cuentas al desmaterializar los servicios y limitar las interacciones humanas.

Además, permite una supervisión más eficaz por parte de instituciones de rendición de cuentas más inteligentes y una sociedad civil conocedora de los datos. Sin embargo, hay menos evidencia accionable sobre los efectos de reformas específicas de digitalización en diferentes tipos de corrupción y los canales de políticas a través de los que operan.

El el documento se afirma que una manera importante en que la aceleración digital está impregnando el espacio de la integridad pública es mediante el uso de tecnologías disruptivas y análisis de datos, como herramientas anticorrupción de los actores de los sistemas de integridad, dentro y fuera del gobierno.

Se citan ejemplos del tema:

• Las autoridades fiscales han sido usuarios activos de nuevas tecnologías para aumentar el cumplimiento tributario y prevenir el fraude fiscal.
• La digitalización de la contratación pública es otra área importante para el despliegue de la tecnología de integridad, acelerada por la adopción del estándar de datos de contratación abierta por un número creciente de países y respaldada por el G7 y el G20.
• El uso de análisis de integridad por parte de las instituciones de control como las contralorías y las oficinas anticorrupción es otra área donde se están implementando soluciones de tecnología de integridad.

Sin embargo, el análisis de integridad se basa en una serie de requisitos previos para funcionar. Requiere datos de buena calidad que se puedan reutilizar de manera efectiva y superar los silos digitales dentro de los gobiernos a través de reglas y protocolos claros que regulen el intercambio de datos. La Carta de Datos Abiertos identifica 30 conjuntos de datos que son críticos para fines anticorrupción.

En el documento se concluye que las políticas de digitalización del gobierno pueden ser una estrategia anticorrupción eficaz, precisamente porque no se denominan como tales.

Sin embargo, la complejidad de la corrupción y las soluciones necesarias para abordarla no pueden resolverse únicamente con la digitalización; dependen del contexto institucional. Los incentivos institucionales, las capacidades estatales y un liderazgo sólido son fundamentales.

Se dice que la digitalización también crea nuevos riesgos de corrupción, como resultado del fuerte aumento de los presupuestos tecnológicos de los gobiernos y la creciente complejidad de las soluciones tecnológicas que los gobiernos deben adquirir. Cuanto más se digitalizan los gobiernos, más se exponen al ciber-delito, la e-vigilancia y las extorsiones digitales.

En el artículo “La buena digitalización no sucede sola: requiere buenas decisiones humanas”[3] se dice con relación a la transformación digital transformación es realmente la palabra clave. No se trata solamente de comprar software o digitalizar procesos. Más bien, la transformación digital implica un cambio profundo en la forma de hacer negocios, acceder a los servicios, interactuar con los ciudadanos, y gobernar.

La transformación digital no solo provoca crecimiento económico, sino, también, cambios rápidos y muy profundos en todos los sectores, todos los niveles de la administración pública, y todos los segmentos de la sociedad.

En el artículo se dice que la gran cuestión, sin embargo, es que la digitalización no tiene vida propia. Al contrario, depende de las decisiones humanas. Para aprovechar su potencial y garantizar que es un catalizador de crecimiento económico de calidad, hay que integrarla de manera consciente con los objetivos de reducción de la desigualdad, promoción de la transparencia, y aumento de la eficiencia.

Los gobiernos deben digitalizarse siguiendo una estrategia que maximice la eficiencia. Eso es importante, porque, en el desarrollo de la digitalización, hay un conjunto de elementos que, con independencia del sector, son comunes, y que a menudo se pasan por alto: conectividad, talento digital, infraestructura, ciberseguridad, regulación, gobernanza, y herramientas como la identificación y la firma digitales.

En el mejor de los casos, todo el mundo quiere digitalizar y modernizar su gestión, pero, desafortunadamente, todos tienen diferentes ideas sobre cómo lograrlo. La falta de una visión integral de la digitalización y de una buena gobernanza es la receta para el peor tipo de digitalización: una que reproduzca la burocracia del papel a un precio mucho más alto.

La “Visión 2025, Reinvertir en las Américas” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se basa en el entendimiento de que aprovechar al máximo el inmenso potencial de la transformación digital requiere un pensamiento estratégico, una visión integral y de largo plazo de lo que se debe lograr, y la capacidad de prever y superar barreras importantes relacionadas con una conectividad deficiente, una gobernanza débil, una falta de talento e infraestructura digitales, y una regulación obsoleta.

En otro importante documento titulado ¿Puede la digitalización del Estado ayudarnos en la lucha contra la corrupción?[4] se dice que existe una asociación clara entre digitalización y control de la corrupción.

Para ello relación el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas.

Países con mayores niveles de desarrollo de gobierno electrónico suelen exhibir menores niveles de corrupción, tanto a nivel mundial (Panel A), como a nivel latinoamericano (Panel B).

El resultado es el mismo si en lugar de la percepción de la corrupción utilizamos el auto-reporte de pago de sobornos para acceder a servicios públicos (Panel C) medido por Transparencia Internacional. En este caso, países con mayores niveles de gobierno electrónico exhiben menores porcentajes de ciudadanos que reportan haber pagado sobornos.

Se dice en el estudio citado que si bien existe una correlación positiva entre digitalización y transparencia, no se sabe cuánto de dicha asociación es causal. Es decir, queda por determinar cuánto de la diferencia en el nivel de corrupción entre países es directamente atribuible a la digitalización del Estado.

Es decir que hacen falta análisis causales detallados para desentrañar con claridad qué elementos de la digitalización tienen impacto directo sobre la corrupción.

El documento citado dice que resulta clave investigar sobre los efectos de la digitalización sobre diferentes tareas del Estado, incluyendo la administración tributaria, la gestión fiscal, la compra pública, la administración aduanera, los trámites gubernamentales, entre otros.

Un claro entendimiento del impacto del gobierno digital en cada una de estas esferas contribuirá a la implementación de estrategias de corto y mediano plazo que ayuden a controlar la corrupción en nuestros países.

En el año 2018 en otra publicación se afirmó que la digitalización de los trámites reduce la corrupción y los costos de la burocracia en América Latina y el Caribe[5].

Este estudio aporta una hoja de ruta para hacer reformas de simplificación y digitalización de trámites enfocadas en la experiencia ciudadana y haciendo uso estratégico de instrumentos digitales. Los tramites digitales se demoran 74% menos que tramites presenciales, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción.

Respecto a que deben hacer los gobiernos para mejorar la situación recomiendan:

• Conocer la verdadera experiencia ciudadana con los trámites a través de encuestas, observación directa o fuentes administrativas y usar esta información para rediseñar los trámites con la experiencia ciudadana en mente.
• Eliminar aquellos trámites que sean innecesarios, redundantes u obsoletos.
• Destinar recursos para facilitar el acceso a trámites digitales y fomentar el desarrollo del gobierno digital a través de herramientas como plataformas de interoperabilidad, identidad y firma digital, entre otros.
• Mejorar la calidad de la prestación presencial de trámites a través de personal cualificado y la creación de centros integrados de servicio al público.

Un reciente documento titulado “Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption” [6] del Banco Mundial se dice entre otros aspectos que las estrategias anticorrupción efectivas generalmente combinan múltiples medidas, que a menudo incluyen tanto intervenciones específicas del sector como medidas de transparencia y rendición de cuentas que se aplican a la todo el sector público.

También se dice que mantener el impulso de las reformas que mitigan la corrupción es un desafío, pero podría ser de ayuda mejorando la medición de su impacto. Lograr un crecimiento económico a largo plazo y una prosperidad compartida depende de que los gobiernos, el sector privado y las comunidades trabajen juntos para abordar la corrupción y sus impactos corrosivos.

En el informe se destacan seis impulsores transversales de las reformas anticorrupción que se pueden identificar a partir de los estudios de caso:

• Fuerte y decidido liderazgo político a menudo se necesita para proporcionar una visión para la reforma y un compromiso para apoyar una mayor integridad frente a la oposición de intereses creados.

• Los países se benefician como instituciones volverse más capaces, proporcionando controles y contrapesos y fomentando la rendición de cuentas.

• Transparencia puede promover un mayor cumplimiento y mejorar el comportamiento humano. Las políticas de gobierno abierto y el acceso a la información ayudan a que las acciones corruptas sean más difíciles de ocultar y contribuyen a su prevención, particularmente cuando están vinculadas a comunidades y procesos oficiales comprometidos y empoderados.

• Incentivos (a menudo capturados en las normas sociales) impulsan el comportamiento y los puntos de entrada de la corrupción varían según las funciones del gobierno.

• Tecnología permite a los países estandarizar procesos, minimizar la interacción humana y capturar datos completos que ayudan a establecer la responsabilidad de una amplia gama de transacciones.

• Finalmente, los esfuerzos que fomentan colaboración entre múltiples partes interesadas, incluso a través de las fronteras internacionales, para perseguir un objetivo común y lograr un mayor éxito.

En una interesante investigación del FMI[7] se analizaron más de 180 países y se determinó que los más corruptos recaudan menos impuestos, ya que la gente paga sobornos para eludirlos, por ejemplo mediante lagunas tributarias concebidas a cambio de coimas. Además, cuando los contribuyentes creen que el Estado es corrupto, la evasión impositiva se hace más probable.

El gráfico indica que, globalmente, los gobiernos menos corruptos recaudan 4% más del PIB en ingresos tributarios que los países en el mismo nivel de desarrollo que tienen los niveles más altos de corrupción.

La lucha contra la corrupción requiere voluntad política para crear instituciones fiscales sólidas que promuevan la integridad y la rendición de cuentas a lo largo y a lo ancho del sector público.

Como grandes lecciones el estudio cita las siguientes:

• Invertir en elevados niveles de transparencia y vigilancia externa independiente para que los organismos de auditoría y el público en general puedan realizar una supervisión eficaz.
• Reformar las instituciones. Las posibilidades de éxito son mayores cuando los países estructuran las reformas para atacar la corrupción desde todos los ángulos.
• Crear una función pública profesional. Los procedimientos de contratación y remuneración transparentes y meritocráticos reducen las oportunidades de corrupción.
• Mantenerse informado sobre los nuevos retos a medida que evolucionan la tecnología y las oportunidades delictivas. La atención debe estar puesta en los ámbitos de mayor riesgo —como la contratación pública, la administración de los ingresos públicos y la gestión de los recursos naturales—, así como en controles internos eficaces.
• Mayor cooperación en la lucha contra la corrupción. Los países también pueden mancomunarse para prevenir la difusión transfronteriza de la corrupción.

En un reciente informe del GAFI[8] se concluye que las nuevas tecnologías pueden mejorar la velocidad, la calidad y la eficiencia de las medidas para combatir el blanqueo de capitales (ALD) y la financiación del terrorismo (CFT).

Pueden ayudar a las instituciones financieras y a los supervisores a evaluar estos riesgos de manera más precisa, oportuna y completa. Cuando se implementan utilizando un enfoque responsable y basado en el riesgo, las nuevas tecnologías y los productos y servicios innovadores también pueden mejorar la inclusión financiera, atrayendo a más personas al sistema financiero regulado y reforzando así la efectividad de las medidas ALD / CFT.

Este informe identifica soluciones basadas en tecnología emergentes y disponibles. El informe destaca las condiciones, políticas y prácticas necesarias que deben existir para utilizar con éxito estas tecnologías a fin de mejorar la eficiencia y la eficacia de ALA / CFT. El informe también examina los obstáculos que podrían obstaculizar la implementación exitosa de nuevas tecnologías.

Las nuevas tecnologías para ALD / CFT se refieren a:

1. habilidades, métodos y procesos innovadores que se utilizan para lograr las metas relacionadas con la implementación efectiva de los requisitos de AMLCFT o
2. formas innovadoras de utilizar procesos basados ​​en tecnología establecidos para cumplir con la obligación ALD / CFT.

Los hallazgos de este proyecto llevaron a los miembros del GAFI a adoptar un conjunto de acciones sugeridas para que las autoridades gubernamentales avancen en el desarrollo responsable y el uso de nuevas tecnologías para ALD / CFT.

• Crear un entorno propicio tanto para el gobierno como para el sector privado para la innovación responsable a fin de mejorar la eficacia ALD / CFT.
• Garantizar la privacidad y la protección de datos al implementar nuevas tecnologías.
• Promover la innovación ALD / CFT que apoye la inclusión financiera por diseño.
• Desarrollar y comunicar políticas y enfoques regulatorios para la innovación que sean flexibles, tecnológicamente neutrales, basados ​​en resultados y alineados con el enfoque basado en riesgos.
• Ejercer una supervisión informada.
• Promover y facilitar la cooperación.

Ideas Finales:

Si algo faltaba para destacar la importancia de la digitalización en los países es la actual pandemia del coronavirus que estamos atravesando.

Estoy convencido que apostar por la digitalización debería ser una política de estado, donde se debería trabajar en forma conjunta entre sector público y privado bajo un fuerte apoyo político y una mayor cooperación a nivel internacional.

La misma tiene el potencial de desencadenar un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos al acelerar el avance de un desarrollo más inclusivo, transparente y eficiente.

La digitalización abre nuevas posibilidades y oportunidades a los países y sus ciudadanos para desarrollarse.

Aquellos países que mejor aprovechen el “tren” de la digitalización tendrán sin dudas mejores oportunidades de desarrollarse y brindar una mejor calidad de vida a sus ciudadanos.

De todos los informes analizados surgen las ventajas innegables de la digitalización por su aporte a la transparencia, la trazabilidad, la eficiencia y la eficacia de todos los procesos, lo cual todo ello colabora dentro de una estrategia anticorrupción.

No obstante, la corrupción es un fenómeno muy complejo y variable de acuerdo a los distintos países y contextos y afecta tanto al sector público como privado.

Combatir la corrupción constituye un reto que requiere perseverancia en muchos ámbitos, pero que promete enormes dividendos.

Comienza con voluntad política, un constante fortalecimiento de las instituciones para promover la integridad y la rendición de cuentas, y cooperación internacional.

En todos estos aspectos estoy convencido de que la digitalización puede colaborar y mucho.

Las nuevas tecnologías y los datos abiertos pueden contribuir significativamente en la lucha contra la corrupción y en la promoción de gestiones públicas transparentes.

Dr. Alfredo Collosa

Septiembre 2.021