MARCAS – CONCLUSIONES TRAS LA REUNION DE INTA EN TORONTO -Dr. Roberto J. Porcel
MARCAS – CONCLUSIONES TRAS LA REUNION DE INTA EN TORONTO
Dr. Roberto J. Porcel
Siempre refiriéndome al tema “anticounterfeiting” me queda el sabor tras las reuniones mantenidas en ocasión de la 128 INTA Annual Meeting, que en el ámbito de América Latina no se acaba de asignarle la importancia que el proceso penal tiene, en materia de persecución contra la falsificación marcaria
Se aborda el proceso penal como una rareza, como un procedimiento que llama la atención pero al que definitivamente no se recurrirá al momento de tener que elegir una vía para enfrentar el flagelo de la falsificación.
Motivos podría ofrecer varios; sin embargo, me inclino por concluir en que se considera el proceso penal como una especie que escapa al género de los derechos relativos a propiedad industrial.
Arreciaron las críticas al sistema y a la legislación; esto fue común para toda la región. Se alzaron las voces contra la falta de decisión política de las distintas administraciones al momento de combatir el delito que nos ocupa; por supuesto que estas críticas se hicieron extensivas a jueces y fiscales. Sin embargo, a la hora de mirar para adentro, fue raro encontrar un “attendee” que efectuara la autocrítica necesaria. Nunca se evaluó la posibilidad de que las culpas fueran compartidas.
Los discursos más escuchados en torno a mesas redondas o encuentros entre colegas, a poco que se los profundice se vuelven tan contradictorios, que se hace difícil su interpretación a la luz de la razón.
Así, interesándonos en lo que ocurre en nuestro país, la queja mas escuchada fue que a los ojos de muchos magistrados, la falsificación marcaria es un delito tan menor, que no llama su atención ni mucho menos merece su dedicación. Ello se ve reflejado inmediatamente en las pocas sentencias que se encuentran al respecto. Se ve al proceso penal como un fuego de artificios que se agota en el secuestro de la mercadería espuria.
Pero curiosamente, al reclamar la intervención de estos “especialistas” para cambiar el status quo y provocar una modificación de la ley que proporcione un proceso adecuado y penas y sanciones como las que reclama y comprometimos en el Acuerdo TRIPs, -que hoy por hoy no existen-, se vuelven esquivos, con definiciones como que una mayor severidad de la ley no ayudara a cambiar la situación, o que nadie busca penalizar la infracción. Recordemos que hablamos de un delito dirigido por el crimen organizado que mueve más de 600 mil millones de dólares en el mundo.
En otras palabras, y ya por la vía del absurdo, se quejan de que “otros” hacen lo que ellos “defienden”.
Solo cifras; para el IFPI la falsificación de música implicó el pasado 2005, 4.6 billones de dólares. Para la Motion Picture, la falsificación en la industria del cine significó para el mismo año una pérdida de 6.1 billones de dólares. Entre nosotros, para la Business Software Alliance la industria del software sufrió pérdidas por falsificación por u$s182 M el año que se fue. Counterfeiting y delitos conexos se calculan en alrededor de los 25.000 M de pesos. Pese a estas escalofriantes cifras, hay quienes todavía insisten en mirar para otro lado y restarle la importancia que este delito tiene.
En un momento en que nuestro país se halla avocado a la reforma integral del Código Penal, creo que se vuelve imperioso incorporar este tema al ámbito de debate en torno de la reforma que se esta procurando.
La ley 24.425 tiene rango y jerarquía constitucional. No es una norma ni menor ni abstracta. Como tal, hay que cumplimentarla y no en cambio detenernos entre nosotros a discutir si próximamente los derechos de propiedad intelectual e industrial van o no a tener resguardo legal. Es un contrasentido. Hoy que supuestamente tienen amparo legislativo, en los hechos no lo tienen. Y la discusión que se propone es si “este resguardo” que hoy no es tal va a desaparecer en el futuro. No es tiempo de laboratorio sino de hacer y proponer.
Por ello, encuentro que se hace necesario de una vez por todas, que todos aquellos vinculados al mundo de las marcas tomen razón de su importancia y se pongan a la altura de las circunstancias. Basta de excusas.
Un diputado nacional – Cristian Ritondo- ha tomado la bandera en este sentido y esta impulsando un proyecto moderno y pragmático. Un fiscal -el Dr. López Perrando– nos ha sorprendido con un proyecto de creación de una fiscalía especial como las que ya existen para el ANSES o el PAMI. Por su parte, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados acaba de emitir un dictamen sobre un proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que dispone fuertes penas para quienes intervengan en la falsificación y fabricación clandestina de medicamentos. Celebremos y acompañemos estas iniciativas. Es nuestra obligación. Es la obligación de todos aquellos que estamos contestes que este delito financia actos de terrorismo y facilita el lavado de dinero como señalan INTERPOL y el FBI. Es lo que debemos hacer quienes creemos que este delito provoca un quebranto al Fisco Nacional a partir de la evasión fiscal y el trabajo en negro -cuando no esclaviza conforme ya hemos visto-, como denuncia permanentemente la AFIP. Es el deber de quienes estamos convencidos que este delito atenta contra la propiedad privada y propone una competencia desleal como denuncian los dueños de las marcas y la Internacional Trademark Association; de quienes consideramos que con esta infracción se defrauda al público consumidor induciéndolo a consumir un producto falso –como ocurrió por caso con las desgraciadas vacunas que costaron vidas humanas- en lugar de productos originales. En síntesis, es la obligación de todos los que estamos convencidos que la falsificación marcaria, -counterfeiting- es simplemente un delito. Un delito grave y peligroso. Y que como tal, hay que combatirlo y sancionarlo.
Dr. Roberto J. Porcel
Porcel & Cabo Abogados
Socio
rjp@porcelycabo.com
Junio 2006
