El pasado 12 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial del Estado español la Orden PJC/908/2025 que dispone que el próximo 1° de septiembre de 2025 entrará en funciones la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.).
La génesis de esta figura hay que buscarla en la Directiva (UE) 2019/1937, que sentó estándares mínimos en la protección de quienes denuncian infracciones normativas y hechos de corrupción en ámbitos corporativos o públicos, obligando a los Estados miembros a implementar mecanismos robustos y homogéneos.
España dio cumplimiento a dicha directiva mediante la Ley 2/2023, que no sólo habilitó canales de denuncia, sino que avanzó en crear un órgano autónomo y especializado encargado de supervisar, sancionar y garantizar la confidencialidad y seguridad jurídica de los informantes. Dos años después, con la puesta en marcha de la A.A.I., España pretende consolidar un esquema integral de protección donde la denuncia se transforma en un derecho respaldado institucionalmente.
El nacimiento efectivo de la A.A.I. redefine el mapa de riesgos y obligaciones tanto para el sector privado como para el público, al centralizar en una autoridad la supervisión de denuncias. De este modo, las personas que denuncien irregularidades contarán con otro mecanismo para impulsar su denuncia sin depender de la buena voluntad de una empresa o funcionario, pudiendo recurrir a esta nueva figura. Por otro lado, la puesta en marcha de esta nueva figura se estima pueda generar un efecto cascada en las organizaciones que deberán revisar sus programas y robustecerlos para evitar inconsistencias con los criterios que la A.A.I. vaya fijando.
En el ámbito público, funcionarios y empleados contarán con un canal independiente que, bien administrado, actuará como un factor debilitador de la la percepción de impunidad en la ciudadanía.
Y por casa, ¿cómo andamos?
En la Argentina, la conversación sobre protección al denunciante es incipiente, fragmentada y reactiva. Existen mecanismos dispersos en áreas sensibles —por ejemplo, dentro de la Oficina Anticorrupción o la Procuraduría de Investigaciones Administrativas—, pero ninguno posee un alcance transversal ni la independencia que, al menos a priori, caracteriza a la flamante A.A.I. por lo que la denuncia sigue percibiéndose como un riesgo personal y no como un ejercicio cívico protegido. La combinación de falta de garantías y escasa confianza institucional termina reforzando el silencio, un silencio que beneficia a quienes cometen irregularidades.
¿Un modelo deseable para Argentina?
Plantear la creación de una “A.A.I. argentina” puede parecer una utopía en el actual contexto político e institucional.
Sería irresponsable -además de prematuro en el caso- pensar que basta con copiar una figura europea para obtener resultados inmediatos. Antes bien, Argentina necesita consolidar programas de integridad con impacto real en el sector privado, hoy aún muy heterogéneos; fortalecer y blindar de interferencias políticas a oficinas ya existentes, como la Oficina Anticorrupción y la SIGEN. En definitiva, construir y afianzar una cultura de integridad, donde denunciar no sea visto como delación, sino como un acto legítimo de responsabilidad ciudadana y organizacional.
La creación de la A.A.I. en España es una señal política y cultural sobre cómo un Estado pretende transformar la denuncia en una herramienta de salud democrática, en un contexto social que demanda respuestas ante casos gravísimos de corrupción que involucran a altos funcionarios públicos.
Para la Argentina, el desafío no consiste en “importar” este (u otro) modelo, sino en crear condiciones de confianza, legitimidad y sostenibilidad institucional que hagan viable un esquema de protección de alcance nacional.
La experiencia española nos puede servir como punta de lanza para iniciar un debate en el ámbito local, donde la figura del denunciante aún no termina de afianzarse como la de un aliado estratégico de la transparencia organizacional, tanto pública como privada.
Mgter. Maira Marcos
Equitas Consultora
FUENTE: Boletín oficial Español https://boe.es/boe/dias/2025/08/12/
