Uruguay simplificó el trámite de autenticación de documentos públicos extranjeros
La legalización de documentos en un solo trámite, implica menos tiempo y menor costo, y es el logro más visible de adhesión de Uruguay a la Convención de la Apostilla de La Haya. El canciller Luis Almagro “apostilló” el primer documento en el Centro de Atención Ciudadana del MRREE. La validación abarca todos aquellos certificados públicos expedidos en un país e invocados por otro, siempre que sean Estados Parte del convenio.
El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, fue el encargado de iniciar el nuevo procedimiento de legalización de documentos públicos extranjeros. El lanzamiento se realizó en el Centro de Atención Ciudadana de la Cancillería, y en la oportunidad el ministro ingresó al sistema informático los datos de un ciudadano que concurrió a la dependencia pública a expedir la partida de nacimiento. “Soy siempre funcionario, me toca todos los días serlo, pero hoy tuve la posibilidad de atender al público en un trámite tan importante como este”, sostuvo el jerarca.
La Apostilla
Desde el 14 de octubre Uruguay se adhirió a la Apostilla de La Haya, “lo que significa un paso importante en la Reforma del Estado y la tramitación de documentos dentro del mismo”, recordó el canciller.
La Apostilla consiste en colocar sobre el propio documento público una “apostilla” o anotación que certifica la autenticidad de los documentos públicos expedidos en un país extranjero e invocados por otro. Los países firmantes de la Convención de la Apostilla reconocen esa autenticidad. Entre los documentos a legalizar se incluyen: partidas del Registro de Estado Civil, certificados de antecedentes judiciales, documentos notariales, exhortos internacionales, títulos de estudio, certificados y o constancias públicas (de salud y sanidad animal), entre otros.
Con esta modalidad se cumple con una de las solicitudes que surgieron de los Encuentros Mundiales de Consejos Consultivos de uruguayos en el exterior. Hasta ahora, como país no integrante del “Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros” —firmado en La Haya, el 5 de octubre de 1961—, los documentos públicos aquí emitidos, para que tuvieran validez en otros países debían seguir un procedimiento en cadena de legalizaciones que involucraba la participación de varias autoridades. Lo mismo ocurría con la documentación extranjera que debía legalizarse en el consulado uruguayo correspondiente.
Este trámite solo certifica que la firma o sello que muestra el documento fue emitido por un funcionario público o de fe pública en el ejercicio de sus funciones, pero no certifica la validez del contenido del documento. La Apostilla tiene validez entre losEstados Parte del convenio, si un documento proviene de un país que no pertenece al convenio requerirá la legalización diplomática y consular.
Trámite ágil y a menor costo
“Hasta ahora el trámite de legalizaciones suponía una cantidad de dinero y de tiempo importante para nuestros residentes nacionales o extranjeros en el Uruguay, porque requería un trámite en el consulado y luego en el Ministerio para legalizarlos. Significaba esperar un tiempo, enviar la documentación, y además pagar por esos traslados y legalizaciones. Hoy se resuelve en un solo trámite, en un solo mostrador y en una sola instancia de atención”, explicó el canciller, quien destacó la importancia de simplificar el procedimiento.
Almagro reconoció que le costó muchos años a Uruguay concretar este procedimiento y fue posible gracias al trabajo conjunto con la Dirección General de Asuntos Consulares y Vinculación, así como con varios ministerios, entre ellos, el de Economía y Finanzas.
“Es fundamental para el comercio de Uruguay, para la validez de profesiones en el país, como la de escribano y todo aquel que tiene que pararse frente a una ventanilla pública y tramitar cosas. Hoy lo resuelve mucho más rápido que antes”, insistió.
Fuente: Presidencia de Uruguay
