Moción propuesta por Uruguay y Brasil: La OEA respaldó por aclamación a Argentina en su disputa con los fondos especuladores

Almagro presentó la propuesta elaborada en conjunto por Uruguay y Brasil, que fue aprobada por aclamación, como un proyecto de declaración de respaldo a la posición del gobierno de Argentina en la reestructuración de su deuda soberana.

“Entendemos lo constructivo de este proyecto y lo indispensable que resultan las negociaciones adecuadas para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera. Por eso es necesario contar con instrumentos que posibiliten acuerdos razonables y definitivos entre acreedores y deudores soberanos”, apuntó.

Subrayó que el apoyo a Buenos Aires es para que pueda “seguir cumpliendo con sus obligaciones como lo viene haciendo”, al tiempo que manifestó preocupación por el comportamiento de los agentes especulativos que ponen en riesgo acuerdos alcanzados entre Estados y deudores privados.

Argentina sufre la persecución de los fondos especulativos, llamados buitres por su práctica de comprar a precios irrisorios títulos del Tesoro de países en grave crisis económica o que ya cayeron en default (cesación de pago) para luego accionar judicialmente y cobrar la totalidad del valor nominal.

Por ejemplo, NML Capital, uno de esos fondos, compró los bonos argentinos por 48,7 millones de dólares y ahora la justicia estadounidense le reconoce el derecho al cobro de 832 millones de dólares por esos títulos, una ganancia de 1.600 %.

La situación se agravó para Buenos Aires tras la decisión este mes de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de rechazar una apelación contra el fallo del juez Thomas Griesa, de un tribunal de Nueva York, que ordenó pagar 1.500 millones de dólares a parte de los inversionistas que no aceptaron los canjes de deuda soberana que Argentina llevó adelante en 2005 y 2010 y que abarcó casi 93 % de sus adeudos en default.

“Los países no pueden ser rehenes de una minoría especuladora”
“La deuda no se admite para no pagarla, puesto que si esa fuese la intención tácita no habría inversor dispuesto a otorgar préstamos”, indicó Almagro, Pero las vicisitudes de la economía generan a veces situaciones muy difíciles que hacen imposible hacer frente a esas obligaciones. “Y es frente a ello que la reestructuración de la deuda soberana se hace necesaria”, sostuvo.

“No se trata de irresponsabilidad fiscal o falta de respeto por las obligaciones asumidas, se trata de reconocer la realidad económica y diagramar las condiciones y tiempos adecuados para permitir a la economía seguir trabajando y así generar los flujos que permitan cumplir y pagar”, indicó.

Aclaró que tanto Uruguay como el resto de los países de latinoamericanos exigen rígidamente el pago de la deuda sin considerar circunstancias y potencialidades económicas.

Pero imponer severos programas de ajustes, como ocurre muchas veces, “es una fórmula económica y financieramente equivocada que impide el desarrollo y, en consecuencia, las posibilidades de pago”.

Para Almagro, la solución en estas difíciles circunstancias pasa necesariamente por una sana reestructuración de la deuda.

Cuando un Estado enfrenta dificultades, los mercados financieros reaccionan bajando la cotización de los bonos de deuda y las agencias clasificadoras de riesgo reducen la calificación del emisor, provocando que muchos tenedores decidan desprenderse de esos valores.

“Es en ese otro mercado donde se especula con esa baja de cotización, la descalificación y desconfianza”, cuestionó.

“Debemos tener en cuenta que esos fondos de alto riesgo se aferran irracionalmente a la pretensión de cobrar un valor facial original de los títulos adquiridos. Entonces, nos encontramos con que fácilmente los acuerdos alcanzados entre el Estado soberano y la mayoría de los acreedores pasan a ser rehenes de una minoría que, de forma irracional, pretende impedir la recuperación económica”, sentenció.

Señaló que por ello Uruguay apoya la reestructuración de la deuda como la ha hecho Argentina. Así lo han señalado figuras como nuestro Presidente José Mujica y el vicepresidente Danilo Astori, que con meridiana claridad indican que el tema debe abordarse políticamente en ámbitos como la OEA, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercosur (Mercado Común del Sur).

Este posicionamiento responde a la defensa de un sano funcionamiento del sistema político, económico y financiero internacional, observó.

“Somos solidarios con la postura argentina de rechazar las pretensiones desmedidas de grupos de tenedores minoritarios de bonos que ponen en jaque una reestructuración de deuda”, apuntó.

“Eso alteraría las condiciones sociales del país. Los países pagan esto con deuda, miseria, desempleo, desalojos. Eso no se puede permitir. Por eso pedimos el pleno apoyo político al proyecto de declaración presentada”, concluyó con énfasis el representante uruguayo.

Antecedentes
El gobierno del hoy fallecido Néstor Kirchner (1950-2010) en 1995 y el de su esposa, Cristina Fernández, en 2010, negociaron la reestructura de casi 93 % de los 92.000 millones de dólares de deuda que habían sido declarados en default en el medio del colapso económico-financiero y político de fines de 2001, postergando vencimientos a muy largo plazo y obteniendo una quita promedio de 67 %.

Ello permitió que Argentina presente hoy uno de los mejores perfiles de deuda de América Latina, ya que su deuda soberana llegaba a mitad de 2013 a 182.741 millones de dólares, solo 41,5 % del producto interno bruto, cuando en 2003 esa relación era de 150 %.

Analistas afirman que el logro es más destacado si se tiene en cuenta que Argentina no tiene acceso al mercado de deuda desde 2002.

El fallo del tribunal de Nueva York puso a Argentina en un brete dado que corre el riesgo de que el dinero previsto para abonar nuevos vencimientos de deuda reestructurada, que hasta ahora cumplió sin falta, sean confiscados para derivarlos al pago de títulos reclamados por los fondos buitres NML Capital y Aurelius.

El gobierno argentino ya recibió el respaldo expreso del Mercosur, de la Unasur, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y señales favorables del gobierno estadounidense de Barack Obama y hasta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.