Preponderancia de la Evidencia- Límites de la Discrecionalidad – Ab. Adaelizabeth Omaira Guerrero Rodríguez (desde Venezuela)
Resumen: Este enfoque consiste en un análisis técnico de la evidencia bajo el estándar de preponderancia de la evidencia, con el objetivo que cada elemento probatorio se analice en relación con los criterios de elegibilidad. Mientras el peticionario aporta los hechos de su trayectoria, la labor legal se orienta a evaluar la correspondencia de dichos hechos con los requisitos normativos aplicables. Al estructurar el caso de forma lógica y transparente, se busca facilitar que la autoridad evalúe las pruebas verificables, aportando claridad al expediente para su eventual adjudicación.
En las peticiones de inmigración basadas en empleo que permiten la auto-petición (self-petition), como EB-1A y EB-2 NIW, la solidez del caso no depende de la acumulación de credenciales. Parte del reconocimiento que la prueba es evaluada en conjunto bajo el estándar de preponderancia de la evidencia y, por tanto, exige un análisis técnico preexistente orientado a identificar cómo los hechos guardan relación con los criterios de elegibilidad y cuáles requieren soporte complementario verificable, conforme a los estándares de adjudicación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
La evaluación del caso se fundamenta en un razonamiento jurídico exhaustivo de la trayectoria del peticionario a la luz de los requisitos normativos aplicables, mediante un proceso de estructuración y organización de la evidencia, que permite ubicar cada elemento dentro del análisis legal correspondiente.
Este enfoque se fundamenta en el marco normativo aplicable, que incluye la Ley de Inmigración y Nacionalidad (Immigration and Nationality Act),[1] particularmente las secciones 203(b)(1)(A) para EB-1A y 203(b)(2)(B) para EB-2 NIW; el Código de Regulaciones Federales,[2] Título 8, sección 204.5, que establece los criterios de elegibilidad; y el Manual de Políticas de USCIS, que guía la resolución de los casos.
Esta estructura regulatoria se complementa con jurisprudencia relevante, incluyendo Matter of Dhanasar (AAO 2016),[3] que define el estándar para la exención por interés nacional; Kazarian v. USCIS (9th Cir. 2010),[4] que establece el esquema de evaluación de dos etapas aplicable a EB-1A; y Matter of Chawathe (AAO 2010),[5] que define el estándar de preponderancia de la evidencia estableciendo que la prueba es suficiente si demuestra que existe una probabilidad superior al 50% que los hechos sean reales en la valoración del conjunto del caso.
La adjudicación de estas peticiones se inserta en la esfera de derecho administrativo donde la autoridad ejerce discrecionalidad técnica dentro de parámetros definidos. En este contexto, la decisión no es libre ni arbitraria; debe fundamentarse estrictamente en el expediente administrativo y en la aplicación de la norma.
Conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA), específicamente 5 U.S.C. § 706, las determinaciones de las agencias deben mantener una relación razonada entre los hechos acreditados y la decisión adoptada. Una presentación clara y coherente del soporte probatorio reduce el margen de interpretaciones inconsistentes y permite una revisión más estructurada del expediente en caso de apelación o revisión judicial.
En este sentido, la claridad y coherencia en la organización bajo estos parámetros resulta consistente con la APA, la cual establece los estándares de revisión judicial para las actuaciones de las agencias federales. Este ordenamiento dispone que las decisiones deben basarse en el récord administrativo, asegurando que:
- Se mantenga una conexión racional entre los hechos y la determinación.
- Se reduzcan las ambigüedades interpretativas mediante una base estructurada.
- Se cuente con un referente para examinar la aplicación de directrices administrativas.
De modo que, en caso de revisión, la base documental constituye el referente principal para examinar la correcta aplicación de los criterios regulatorios y las directrices administrativas aplicables. Al integrar la trayectoria del peticionario dentro del esquema normativo aplicable, la labor jurídica facilita que los hechos sean considerados conforme a criterios objetivos de adjudicación, reduciendo la ambigüedad interpretativa y permitiendo mantener la consistencia con los estándares legales vigentes.
La práctica migratoria distingue entre la narrativa presentada como una biografía descriptiva de recuento cronológico de logros, respecto a la estrategia de un argumento legal fundamentado en un análisis normativo de elegibilidad. Mientras la primera relata o describe hechos, el segundo busca demostrar su cumplimiento objetivo bajo el estándar de preponderancia de la evidencia.
Así pues, el valor de la intervención jurídica consiste en:
- Identificar cómo la evidencia se alinea con prioridades nacionales de beneficio prospectivo para EE.UU.
- Vincular la evidencia del peticionario con los criterios legales aplicables y, cuando corresponda, con criterios de interés nacional conforme a precedentes administrativos.
- Organizar la evidencia de forma lógica para coadyuvar a una apreciación objetiva por parte de la autoridad.
Esta metodología aplica criterios normativos preexistentes al perfil factual del peticionario, presentando la documentación probatoria de forma organizada para la evaluación de USCIS, en relación con elementos verificables y coherentes con los estándares regulatorios vigentes.
Jurisprudencia reciente y evolución del estándar de evaluación
El caso Mukherji v. Miller, decidido el 28 de enero de 2026 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nebraska, se ha convertido en un punto de referencia en el debate sobre los límites de la discrecionalidad en las peticiones EB-1A.
En dicho caso, la peticionaria, periodista de profesión, acreditó el cumplimiento de múltiples criterios objetivos establecidos en la regulación aplicable. Sin embargo, su solicitud fue denegada en la fase final, mediante una apreciación de carácter discrecional.
El tribunal revisó la metodología aplicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y examinó su compatibilidad con los principios del derecho administrativo federal, en particular respecto del estándar que prohíbe decisiones arbitrarias cuando no se encuentran debidamente motivadas ni sustentadas en el expediente. En ese contexto, la corte citó el siguiente estándar de revisión:
Traducción literal al español del texto original en inglés:
“El tribunal considera que la autoridad migratoria adoptó de manera ilegal su prueba de ‘determinación final de méritos’ sin realizar el proceso de notificación pública y comentarios exigido por la ley. La Ley de Procedimiento Administrativo, sección 553 del título 5 del Código de los Estados Unidos, requiere que se sigan los procedimientos de notificación y comentarios cuando una agencia crea normas legislativas o sustantivas. Véase Lincoln contra Vigil, 508 Estados Unidos 182 (1993); Green Rock LLC contra el Servicio de Impuestos Internos, 104 F.4th 220 (11.º Circuito 2024), donde se establece que para emitir regulaciones con fuerza de ley una agencia federal debe cumplir con dichos procedimientos. (…)
Si el oficial revisor no expone razones específicas y legítimas para la denegación, dicha decisión es arbitraria y caprichosa. En este caso, el oficial no articuló el estándar requerido ni explicó adecuadamente por qué la solicitante no lo cumplía. Asimismo, la norma no exige que una persona permanezca indefinidamente en la cima de su campo profesional. En este caso, es claro que la demandante se encontraba en el nivel más alto de su profesión, hecho que no fue controvertido.”
Como se observa la decisión fue anulada, la denegación dejada sin efecto y el asunto devuelto al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos con instrucciones de aprobar la petición en ese caso concreto. El tribunal consideró que la incorporación de evaluaciones discrecionales no suficientemente motivadas dentro del procedimiento adjudicativo podía generar tensiones con las exigencias de fundamentación, coherencia y control propias del derecho administrativo.
Adicionalmente, la revisión judicial se enmarca dentro del estándar de preponderancia de la evidencia, conforme al precedente administrativo Matter of Chawathe, 25 I&N Dec. 369 del año 2010, según el cual la carga probatoria se satisface cuando la evidencia busca demostrar que los hechos son más probablemente ciertos que no.
En la práctica adjudicativa, algunos litigios han señalado tensiones entre este estándar y la forma en que se evalúa la suficiencia global del sustento probatorio en la fase final, lo cual ha sido interpretado como una posible expansión de la valoración más allá de la verificación estricta de criterios individuales.
Este precedente, aunque relevante, se mantiene como decisión de un tribunal de distrito y no constituye un estándar vinculante a nivel nacional en Estados Unidos. Sin embargo, ha sido interpretado como un indicador del creciente escrutinio judicial sobre la forma en que se ejerce la discrecionalidad en casos de habilidad extraordinaria.
En respuesta a este tipo de cuestionamientos, la administración ha impulsado la actualización regulatoria identificada como RIN 1615-AC85,[6] titulada “Petition for Immigrant Worker Reforms”, que corresponde a una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos para modernizar las regulaciones aplicables a las categorías de visas de empleo, orientada a clarificar los estándares y reforzar la consistencia del proceso.
En conclusión, el caso refleja una tensión institucional en evolución entre la adjudicación basada en criterios objetivos y el alcance de la discrecionalidad en la determinación final, lo que refuerza la importancia de estructurar las peticiones de forma que su fundamentación pueda ser sustentada en evidencia verificable conforme a los estándares regulatorios vigentes.
Ab. Adaelizabeth Omaira Guerrero Rodríguez
[1] The Immigration and Nationality Act (INA) establish the types of visas available for travel to the United States and what conditions must be met before an applicant can be issued a particular type of visa.
[2] 8 CFR 204.5. Petitions for employment-based immigrants. https://www.ecfr.gov/current/title-8/section-204.5
[3] https://www.justice.gov/eoir/page/file/920996/dl
[4] El caso Kazarian v. USCIS, 596 F.3d 1115 (9th Cir. 2010) fue adoptado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) a través de un memorando de política emitido el 22 de diciembre de 2010. Este memorando cambió la forma en que los oficiales de USCIS adjudican las peticiones de visa EB-1A (Habilidad Extraordinaria) y EB-2 (Habilidad Excepcional), implementando un enfoque de dos pasos. See https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2010/03/04/07-56774.pdf
[5] See Matter of Chawathe (PDF), 25 I&N Dec. 369, 376 (AAO 2010).
[6] Source: https://www.reginfo.gov/public/do/eAgendaViewRule?pubId=202504&RIN=1615-AC85
