La frontera norte y este de nuestro país es permanentemente perforada. La continuidad de delitos y contravenciones de distinta índole indican que el Estado en sus distintos niveles de responsabilidad y de competencias no ha encontrado aún la forma de ejercer un mejor control y una vigilancia eficaz. La frontera es violada por tierra, por aire y agua o, como pareciera ser, en todos esos ámbitos o escenarios en forma simultánea.
Durante años hemos discutido Qué Acción y Quiénes deben actuar, también Cómo y Dónde establecer controles. En distintos instancias, llegamos a discutir innecesariamente si era un problema de comercio, de la política exterior, de defensa nacional, de seguridad pública, interior o policial, relegando a segundo plano el problema y olvidando que ejercer el control de nuestros espacios es ejercer también nuestra soberanía.
Sin duda que controlar, vigilar y ejercer el control de policía para evitar o disminuir el nivel de delitos o actos ilegales es una necesidad que requiere coordinar un plan de acción que incluya acciones de prevención y de respuesta.
Hoy, la frontera norte que limita con Bolivia, sigue siendo uno de los focos más calientes del contrabando pese a los planes de seguridad vigentes y a muchas de las medidas que han sido adoptadas. Aún resulta fácil acceder de un país a otro sin controles y por pasos informales. Cabe preguntarse si existe una política manifiesta de no actuar frente a este delito por ser considerado menor o por ser el sustento de una comunidad que no encuentra otros modos de vivir?
El contrabando es un problema cuyas cifras indican un perjuicio y pérdidas cercanas a u$s 3.000 millones, según informes de distintas Cámaras de Comercio y el comercio ilícito ya representaría el 5% del PBI. A esta problemática deberíamos sumarle el flagelo del narcotráfico, donde Aguas Blancas (Departamento Orán – Salta) sigue siendo uno de los epicentros y sus autoridades han hecho pública recientemente la insuficiencia de las acciones implementadas o la ineficacia en la implementación de las mismas.
En este punto, llama la atención que el nuevo proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional se concentre exclusivamente en nuestros espacios marítimos y en el aeroespacio, donde se producen también actos ilícitos y violación de la soberanía, omitiendo referirse a nuestras fronteras terrestres como si éstas fueran ajenas a la problemática.
Un dato no menor es que Sudamérica produce actualmente entre 3.800 y 4.000 toneladas de cocaína por año, según los datos oficiales presentados durante la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas liderada por la DEA durante el corriente año.
Esto indica que más allá del combate al contrabando que se desarrolla en centros urbanos o los operativos contra el narco donde se incautan cifras importantes de droga en rutas y centros urbanos, resulta necesario reforzar la zona de seguridad de fronteras.
Somos un país de paso y de consumo de drogas y más allá de no disponerse del dato cierto del volumen de droga que atraviesa nuestras fronteras, se calcula que lo incautado en operativos solo representa entre un 10% y 20% del total que circula. Más allá del éxito de los operativos de las fuerzas de seguridad, nos queda como inquietud a resolver el alto volumen que no vemos, que no frenamos y que transita libre e ilegalmente
La frontera requiere control y vigilancia por tres razones fundamentales. La primera obedece al ejercicio pleno de la soberanía y control de espacios estratégicos, la segunda al combate contra el narcotráfico y otros delitos que debe extenderse también fronteras adentro y, la tercera a la ilicitud del contrabando que afecta al comercio y la economía con el agregado de que en muchos casos es utilizado para enmascarar las dos primeras razones que esgrimimos.
Además de la ausencia de nuevas acciones o políticas para la zona de seguridad de fronteras en el nuevo proyecto de ley, hasta la fecha no existe un informe oficial sobre la postergación o falta de continuidad de la Operación ROCA en la que se desplegaron las Fuerzas Armadas en distintas locaciones de la frontera norte.
En el 2do semestre de 2025, luego de zanjarse el tema ideológico y que la justicia avalara el despliegue militar en la zona de fronteras, se implementó la Operación ROCA en la frontera salteña, jujeña y en zonas de Misiones. Como operación militar de vigilancia, su despliegue, matriz de empleo operativo y la información obtenida producto de la vigilancia fue clasificada como secreta y tenía como finalidad la de aportar información neutra al sistema judicial, mientras se cumplía con la misión de vigilar nuestros espacios de interés estratégico.
El producido que trascendió de esta operación, traducido en datos objetivos o neutros para la justicia federal, indica que los radares, drones y sistemas de vigilancia desplegados pudieron obtener información respecto de la porosidad de las fronteras y la ineficacia de mantener puestos fijos y previsibles para quien delinque y quien vulnera la frontera.
La falta de información oficial y algunos de los resultados iniciales que trascendieron de la vigilancia de la zona de seguridad de fronteras en algunas provincias, nos llevan a preguntarnos si las mezquindades por competencias privaron por sobre la solución del problema o si la desconfianza política y entre fuerzas es o ha sido el factor determinante para seguir corriendo desde atrás al delito.
Si la pesca ilegal y la extracción de recursos naturales de nuestro mar atentan contra la soberanía y contra nuestra economía, deberíamos preguntarnos si la violación de nuestras fronteras terrestres no requiere también con urgencia una mayor atención y una nueva política integrada.
Lic. Marcelo Rozas Garay
Ex Secretario de Estrategia y Asuntos Militares (Min Def); Ex Subsecretario de Coordinación de Emergencias (Min. Def.); Ex Subsecretario de Gestión de Riesgos de Desastres (Min Seg)
