ADACE en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
El martes 8 de septiembre, la Asociación de Derecho Aduanero y Comercio Exterior (ADACE) formó parte de la Reunión Informativa de Trabajo convocada conjuntamente por la Comisión de Comercio y la Comisión de Pymes del Congreso Nacional.
El encuentro tuvo como objetivo central presentar diagnósticos, problemáticas y propuestas normativas vinculadas a la realidad del sector y al desarrollo del comercio exterior a nivel nacional.
Durante el encuentro parlamentario, se expusieron tres problemáticas estructurales que requieren un abordaje legislativo técnico:
· Garantizar la participación del sector en las reformas normativas: Resulta imperativa la convocatoria oficial a todas las cámaras e instituciones vinculadas al comercio exterior argentino ante cualquier modificación sustancial del Código Aduanero (Ley 22.415) o de su normativa vinculada.
· Restablecer la habilitación técnica y profesional: Se remarcó la urgencia de reinstaurar un sistema profesional que exija capacitación, examen habilitante y matriculación obligatoria para los sujetos que ejercen la representación de terceros ante la Dirección General de Aduanas, readecuando nuestra legislación a los más altos estándares internacionales en materia de idoneidad aduanera.
· Fortalecer la fiscalización del régimen courier: Se advirtió sobre los graves riesgos estructurales del régimen courier, evidenciados por casos recientes de contrabando, narcotráfico e ingreso de mercaderías peligrosas, lo que demanda un mayor rigor en el ejercicio del control aduanero.
La exposición de estos ejes obtuvo el consenso de las diversas entidades representativas del sector privado, quienes conforman los eslabones fundamentales de la cadena logística y aduanera nacional (profesionales, operadores logísticos, depósitos fiscales, importadores, exportadores, cámaras multisectoriales y organismos especializados).
Desde ADACE impulsamos especialmente que cualquier reforma normativa en la materia se construya indispensablemente con la participación de todos los actores especializados del sector. La exclusión de las instituciones técnicas, operadores logísticos y profesionales del debate legislativo expone al Estado al riesgo de sancionar normas inaplicables, contradictorias o desalineadas respecto de los convenios internacionales vigentes, afectando en forma directa la seguridad jurídica y la competitividad económica nacional.
