Los desafíos del Siglo XXI y el extractivismo – Dra. Maria Grazia Blanco (desde Venezuela)

Estamos en la era de la descarbonización y la sostenibilidad, nos hemos volcado a trabajar con gran atención y con análisis crítico los desafíos del siglo XXI, donde entre otros, encontramos el cambio climático. En este sentido, los esfuerzos están orientados a  la búsqueda de dar cumplimiento al Acuerdo de Paris  y a la  agenda 2030. Durante lo que va del mes de septiembre, se ha destacado en el escenario mundial la reunión de la Asamblea Anual de la ONU  en la ciudad  de Nueva York y la reunión del G20 en la ciudad de Nueva Delhi.

Efectivamente, los lideres mundiales se han congregado durante una semana en la sede de la Organización de las Naciones Unidas.  Esta Asamblea General de la ONU ha reflejado un nuevo esquema en las relaciones internacionales y con la asistencia de más de 140 jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes, viceprimeros ministros, ministros de Estado y  jefes de delegación, se espera escuchar las  reflexiones y conclusiones en nombre de sus naciones.

Es fundamental recordar que:  “El año 2023 simboliza el medio camino hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Dado que los logros en materia de desarrollo se han revertido por múltiples crisis mundiales, incluidos los conflictos, el cambio climático y la pandemia del coronavirus, se necesitan medidas urgentes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.[1]

Por tal razón, cobró singular importancia la presencia en la escena central de la ONU,  del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky,  quien asistió en medio de la grave crisis que vive su país debido a la guerra con Rusia. Así mismo, hemos tenido la oportunidad de dar lectura a los mensajes  expresados  por jefes de Estado del continente americano  que asistieron a la 78º Asamblea  de las Naciones Unidas, destacando el mensaje consciente y comprometido de algunos lideres que se han aproximado a trabajar por el  futuro.

Las deliberaciones han dado cumplimiento a una agenda apretada y ambiciosa donde sobresalen los temas políticos, económicos y sociales que afectan al mundo, pero además se ha dado un espacio valioso y significativo  para analizar el retroceso registrado  en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible- ODS.

El máximo representante  de la Organización, Antonio Guterres, Secretario de la ONU, resaltó la encrucijada en la que se encuentra el mundo, amenazado por la guerra, el cambio climático y la falta de liderazgo. Dentro de su disertación describió el escenario actual como una oportunidad que tienen los líderes mundiales de hacer frente a “la desigualdad, la injusticia y la incapacidad de enfrentar los desafíos”. Por otro lado, al hablar sobre el futuro al que se enfrentarán las venideras generaciones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó la necesidad de un consenso a nivel global y manifestó la importancia de forjar alianzas con países que comparten una visión común sobre el futuro, con miras a proteger  la vida y el medio ambiente.

Dentro de las primeras conclusiones hemos listado la necesidad de lograr una mayor concientización logrando el esfuerzo constante e ininterrumpido en pro de los objetivos de la agenda 2030 que demanda: una acción colectiva, una armonización en las políticas mundiales, instituciones robustas, alianzas estratégicas, más inversión  y capacitación, además de una  cooperación mundial que implique una sincronización en los esfuerzos colectivos , entre otros. Se requiere alcanzar con urgencia y celeridad acciones completas y efectivas para cumplir con  los ODS y apalancar mecanismos eficientes en función de su cumplimiento.

Por otro lado, los líderes del G20, se reunieron este 9 y 10 de septiembre y acordaron continuar y alentar los esfuerzos para multiplicar la capacidad de energía renovable a nivel mundial para 2030 a través de los objetivos y políticas existentes. Se reconoció además, la necesidad de aumentar las inversiones globales para cumplir con los objetivos climáticos del Acuerdo de París y aumentar rápidamente la inversión y el financiamiento climático. Los primeros informes de este encuentro reflejan el compromiso de apoyar la aceleración de la producción, la utilización, así como el desarrollo de mercados globales transparentes y resistentes para  avanzar en una de las alternativas limpias, -nos referimos al  hidrógeno-  producido a partir de tecnologías cero carbonos o eficientes con el medio ambiente.

Hemos querido desarrollar este preámbulo noticioso para considerar un tema que tiene  vinculación con el  cambio climático y la sostenibilidad del medio ambiente, -el extractivismo-,  que además está asociado al concepto de  “territorialización” que desde la perspectiva de  Deleuze y Guattari[2], es la producción social del territorio.  Por lo tanto, el análisis nos convoca a poner la mirada y el discurso crítico  en la forma cómo el territorio se transforma, domina, amolda, controla de acuerdo a las políticas de Estado,  pero a su vez, nos conduce irremediablemente a considerar las disputas que  socialmente se establecen en la búsqueda de los  recursos.

De acuerdo a la Organización Mundial del Comercio- OMC-  los recursos naturales  son definidos: “Como los materiales existentes en el entorno natural escasos y económicamente útiles en la producción o el consumo, ya sea en estado bruto o tras haber sido sometidos a un mínimo proceso de elaboración”. Por lo que su  posesión es un elemento determinante del poder de los Estados.

En este punto,  vamos a parafrasear a P. Boniface,   quien nos recuerda que gracias a la producción de carbón Inglaterra prosperó económicamente en el siglo XIX,  y lo mismo ocurre en el caso de  Rusia, donde la riqueza de recursos naturales en su territorio le han permitido mantener su condición de potencia.

Según la OMC:  “son propias de los recursos naturales: la agotabilidad, la desigualdad en su distribución entre los países, las externalidades negativas, el predominio en las economías nacionales y la inestabilidad de los precios” .

Los nuevos escenarios  están caracterizados por la división espacial de la Tierra en Estados soberanos y  a esto se adiciona la  industrialización y la globalización. Estas dos últimas,  se presentan con un notable incremento en  cuanto a su desarrollo, velocidad, intensidad  y registro,  por lo que  los conflictos en torno a la explotación de los recursos naturales  se han transformado en un espacio  peligroso y complicado, estableciendo  sus efectos con alcance mundial.

El extractivismo energético y minero en las últimas décadas ha permitido la incursión de graves violaciones de derechos humanos, pobreza y guerras. Y se espera que se complique aún más la situación,  tomando en cuenta los nuevos escenarios del espacio ultraterrestre y el ártico.

Está confirmado que  el calentamiento global, la pandemia y el flagelo de la  guerra ha cambiado notablemente el horizonte y las expectativas, implicando retrocesos negativos en las agendas mundiales. Pero en paralelo, hemos observado que  la actividad extractiva se ha convertido en un objetivo urgente y vital para el desarrollo económico y energético de las naciones, por lo que es imperioso consolidar una normativa internacional, protectora y responsable con el medio ambiente, que además regule la explotación de los recursos naturales en aras de asegurar la paz mundial,  el cual hemos visto en peligro en virtud de los intereses  de quienes tienen el control de los proyectos extractivos y mineros  o de quienes  luchan para controlarlo.

Los avances tecnológicos han permitido que el foco de atención  se establezca en centros extractivos impensables en el pasado, como la zona del Ártico. Rusia, por ejemplo, es un enorme explotador de petróleo ártico ya que, prácticamente, el 90% de su producción total procede de las regiones árticas. Se estima, además, que un 70% de los recursos de gas no descubiertos se hallan también en la Rusia ártica, la mayor parte de los cuales se encontrarían en alta mar. Continuando con el continente  Europeo, Noruega tiene también importantes recursos de petróleo, gas natural y arena bituminosa, y en el Mar de Noruega y el Mar de Barents se ha incrementado la producción de gas. En el caso de América, específicamente Estados Unidos, la producción de petróleo en Alaska alcanza actualmente los 500.000 barriles de petróleo anuales y se estima también que un 28% del total de los recursos de hidrocarburos no descubiertos todavía en el Ártico se encuentran en Alaska, en tierra firme y en alta mar. Está confirmado el interés por la explotación de hidrocarburos en las tierras y costas árticas ya que la región almacena importantes reservas de recursos minerales, como estaño, magnesio, oro, níquel (especialmente en Siberia Occidental), zinc (en Alaska), plomo, platino, minerales de hierro (en la Isla de Baffin en Canadá) e, incluso, uranio, lo que ha conducido a que, en las últimas décadas, y mejoras tecnológicas, se haya experimentado un constante aumento de las actividades mineras. [3]

En conclusión el desarrollo de la industria petrolera, gasística o minera intensifica los efectos ambientales negativos en la región ártica, que se manifiestan en múltiples formas: desechos industriales, contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados o la contaminación por fugas y filtraciones o accidentes durante las operaciones de prospección y producción.

Por lo tanto , como se ha venido afirmando los Estados árticos tendrán que hacerse  responsables de la ordenación de las actividades llevadas a cabo en su territorio y en las aguas bajo su jurisdicción, así como en su plataforma continental.

La extractividad nos ha vinculado no solo con problemas comerciales, ambientales y jurídicos sino que ha marcado  un registro importante de  disputas y conflictos internacionales como guerras civiles originadas por  la madera, los diamantes, el oro, los minerales y el petróleo, entre otros.

En el caso venezolano,  el tema ambiental ha estado adquiriendo mayor presencia en las mesas de discusiones  y  logró un espacio relevante en comparación con otros períodos políticos contemporáneos.  Y para confirmar el argumento, basta recordar la vocería crítica del presidente Chávez en las cumbres del cambio climático –resaltando su papel en la COP 15 en Copenhague,  e igualmente , el hecho que en esa etapa presidencial, el problema ambiental se estableció como un elemento fundamental en el “Plan de la Patria” –colocándose como uno de los – cinco Objetivos Históricos- por lo que comenzamos  a popularizar  la idea del “ecosocialismo” .

Sin embargo, en el tiempo la importancia de la materia ambiental, se ha transformado y los expertos han considerado de contradictorias la ideas, por cuanto,  en la medida en la que  se reivindicaba el cuidado del planeta al mismo tiempo se propone la duplicación de la producción petrolera.

En la actualidad,  es notable la narrativa de promoción del extractivismo –y en especial de la megaminería–, moderando aún más la paradoja del discurso ecologista. Unido a esto, hemos comenzado a observar un cambio importante en la gobernanza sobre los recursos naturales, consolidándose estructuras diferentes a las del pasado. Efectivamente, ha prevalecido dentro de la doctrina nacional,  dos grupos de actores que se debaten  en la redefinición de las pautas de gobernanza de las nuevas fronteras de las commodities: el sector militar y las compañías transnacionales. En este sentido, en el convulsionado panorama político, económico y social de Venezuela, ellos se instituyen  como los “garantes del desarrollo” y la “seguridad nacional”.

Por otra parte, en la esfera nacional se establecen opiniones de especialistas que merecen ser reseñadas en esta oportunidad:

“Estamos asistiendo a un cambio histórico y prolongado de la territorialización del capitalismo rentístico venezolano, de su ordenamiento geo-económico, mediante el cual se busca solventar la crisis del modelo y de gobernabilidad, y que apunta a las nuevas fronteras de las commodities”.

Pero  frente a esta realidad,  no podemos olvidar factores como : -El declive de los crudos convencionales.- La crisis histórica del modelo de acumulación.- La reestructuración de la economía mundial.- Los cambios en el patrón energético global.- Las disputas geopolíticas por los recursos naturales y – Los proyectos hidrocarburíferos. Todos ellos ha sido determinantes en la nueva configuración del proceso  extractivo en nuestro país.

Y en esta oportunidad nos gustaría destacar tres de ellos, dado su aspecto internacional: 1- La reestructuración de la economía mundial ,  el Fondo Monetario Internacional en el 2015 afirmó que la tormenta económica global, expresada en la volatilidad del mercado mundial y la modificación en los patrones globales de acumulación con perfil de estancamiento secular, afecta especialmente a las economías más vulnerables, por lo que estos países,  para tratar de aguantar los embates de estos procesos deben  abrir las fronteras. 2- Con relación al Cambio de patrón energético global: hemos verificado  importantes transformaciones ya que por mucho tiempo destacaron los hidrocarburos o los recursos naturales fósiles, estableciéndose, como el rey del commodity – el petróleo- . Ahora estamos asintiendo  a nuevos alternativas limpias y amigables con el medio ambiente, que dan paso a los nuevos combustibles o los llamados  combustibles verdes del futuro.  3- Las disputas geopolíticas por los recursos naturales: la confrontación  de los bloques globales liderados por  Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia,  entre otros, así como la imperiosa urgencia  de “recursos estratégicos” y las transformaciones de las “cadenas de las commodities” (commodity chains),  se convierten  en determinantes que fuerzan a la expansión de frontera, y comienza a definir las  formas de penetración territorial, acceso, gobernanza, apropiación y negociación de los llamados “recursos naturales” de la nación.[4]

Tomando lo que se viene en medio de esta vorágine de situaciones y factores escultores del sistema mundial, no podemos olvidar lo que establece la Carta de las Naciones Unidas y algunas de sus resoluciones, que han reconocido de forma vehemente :

“Los pueblos y las naciones al tener reconocido el derecho a la libre determinación disfrutan de la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales. Por lo que las partes involucradas en un conflicto relacionado con su explotación están explícitamente obligadas a desplegar todos los esfuerzos posibles con miras a resolver la disputa existente mediante los diferentes mecanismos contemplados en la Carta. [5]

Dentro de  este escenario de enfrentamientos basados en el ejercicio de un derecho que tiene  los Estados,  el desafío se consolida como  de alto nivel , por lo que se alza  la existencia del Tribunal Internacional de Justicia,  -órgano contemplado en la Carta fundacional de la ONU –  que tiene como misión dirimir las controversias territoriales de carácter interestatal.

Además ,  debemos  aceptar  la Declaración sobre el Derecho a la paz de 2016,  quien en su Artículo 1, configura:  el derecho de todas las personas a disfrutar de los tres pilares de la ONU, la paz, los derechos humanos y el desarrollo.  Pero por otro lado, nos invita a comprender que sin la adecuada explotación de los recursos naturales resulta difícil que los Estados ejerzan su derecho soberano al desarrollo.

Por lo tanto, todos los interesados están convocados: “a que en sus actividades se guíen por el reconocimiento de lo extremadamente importante que es practicar la tolerancia, el diálogo, la cooperación y la solidaridad entre todos los seres humanos, los pueblos y las naciones del mundo como medio para promover la paz.”

A tales efectos se recomienda, que las generaciones actuales y futuras aprendan a convivir en paz con la aspiración máxima de salvar a las nuevas  generaciones del flagelo de la guerra.

Asimismo , la ocasión es propicia para recordar la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1962, titulada Soberanía permanente sobre los recursos naturales  donde se afirma:  “que en la cuestión de la soberanía permanente de los pueblos y de las naciones sobre sus riquezas y recursos naturales, se debería tener debidamente en cuenta los derechos y deberes de los Estados en virtud del derecho internacional y la importancia de fomentar la cooperación internacional en el desarrollo económico de los países en vías de desarrollo”.

Y  en este punto, nuevamente nos topamos con la exigencia de la cooperación mundial para que  el objetivo  de los acuerdos económicos y financieros entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo se fundamenten  en los principios de igualdad, del derecho de los pueblos y naciones a la libre determinación y la soberanía permanente sobre los recursos naturales, logrando evitar conflictos armados sobrevenidos  por la explotación de los recursos naturales.

En lo atinente,  a la observancia del Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados, la Resolución 56/4  de la Asamblea General declara: “ que los Estados miembros, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado” . Y para reafirmar lo expresado en el Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, referido a la resolución pacífica de las controversias,  se establece en su artículo 33 que:

“Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección”.

Pero poniendo nuestra mirada en los que va del siglo XXI,  pareciera que las soluciones no  han sido diplomáticas ni respetuosas de estos principios universales, por el contrario, hemos transitado por cruentas guerras y conflictos armados que nos llaman a la reflexión urgente.

Hoy más que nunca se requiere de una acción colectiva asistida por los presupuestos jurídicos esbozados con  anterioridad,  donde  las partes involucradas en un conflicto relacionado con la explotación de los recursos naturales se comprometan  a emplear todos los esfuerzos y mecanismos  posibles con miras a resolver las disputa,  aun cuando se haya dado inicio al conflicto  o mientras persista las hostilidades, ya que lo que debe movilizarlos en sus gestiones y actos, es el logro de una solución,  tal y como quedo reflejado – en la Cumbre Mundial de 2005- ,  donde los Estados miembros destacaron:

“ la obligación de los Estados de resolver sus disputas por medios pacíficos de conformidad con el Capítulo VI de la Carta, el uso del Tribunal Internacional de Justicia y la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas de 1970. [6]

Lo analizado sirve para concluir:

“La práctica internacional, que comprende tanto al arbitraje como al proceso judicial ante las cortes y tribunales internacionales, es una herramienta jurídica muy útil que se ha desarrollado ampliamente en los últimos años. Situaciones que incluyen disputas por los recursos naturales, tratados y acuerdos internacionales que contienen importantes sustratos en materia ambiental, y también casos que afectan el respeto y desarrollo contra el medio ambiente, han sido muy importantes recientemente”.[7]

No olvidemos lo expresado por  la Asamblea General de las Naciones Unidas: “una mediación responsable y creíble requiere, entre otras cosas, el consentimiento de las partes en una disputa o conflicto particular, la imparcialidad de los mediadores, el cumplimiento de los mandatos acordados, el respeto de la soberanía nacional, el cumplimiento de las obligaciones de los Estados y otros actores relevantes bajo el derecho internacional, la preparación operativa de los mediadores, y una coherencia, coordinación y complementariedad de los esfuerzos de mediación”.[8]

Y parafraseando al Consejo de Seguridad: “La principal responsabilidad para la solución pacífica de las controversias recae en las partes en conflicto y que es sólo a través de su plena participación y un compromiso genuino para resolver el conflicto, incluidas sus causas subyacentes, que se puede lograr una paz sostenible”.[9]

Para terminar con nuestro análisis,  queremos regresar al principio,  haciendo una consideración a las palabras del Secretario General de la ONU quien señaló en la antesala a la Asamblea Anual de este 2023:

“La aparición de la COVID-19 es un claro recordatorio de cómo todos somos parte de la naturaleza y el medio ambiente. Así como la humanidad no existe de forma aislada, tampoco el sistema de las Naciones Unidas. Todos somos parte de la crisis climática global, y, para enfrentarla, nuestros esfuerzos por lograr la sostenibilidad ambiental también son esenciales”.[10]

Esperamos que  el encuentro de la ONU  haya marcado el ecuador del plazo fijado para alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos los que hemos seguido con detenimiento el desarrollo de esta reunión de alto nivel,  estamos conscientes del impacto  que tiene la  crisis que se vive en el plano internacional, por lo que insistimos,  como se destaca en los portales noticiosos e institucionales: –  Se debe reavivar un sentido de esperanza, optimismo y entusiasmo por la Agenda 2030- . Alcanzado este espíritu,  iremos de forma unida y efectiva,  a  la búsqueda de las estrategias  adecuadas a los conflictos, coyunturas, desafíos  y ambigüedades que hoy socavan la paz y sostenibilidad de la vida en nuestro planeta tierra.

Dra. Maria Grazia Blanco

Septiembre 2.023

Abogada, egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, y postgraduada en Derecho Marítimo y Negocio Naviero en la en la Escuela de Estudios Superiores de la Marina Mercante y la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, respectivamente. Socio fundador de la firma Bolinaga & Blanco Asesoría Marítima y Mercantil, C.A. Profesora en la Universidad Marítima del Caribe y la Universidad Central de Venezuela, en las cátedras de Seguro Marítimo y Riesgo de la Navegación respectivamente. Miembro titular del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo, ex- vicepresidente de la rama venezolana del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Miembro titular de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo y ex directora de Legislación. Miembro titular del Comité Marítimo Internacional, Miembro de WISTA Venezuela, Miembro del Comité Juridico de la RedMAMLA, Presidente del Consorcio Costa Afuera. Conferencista y articulista a nivel nacional e internacional. Editora de la Revista MG NEWSLETTER MARITIMO.

Bibliografía.

https://www.un.org/es/summits2023

https://www.upf.edu/documents/234763061/235815118/Tiempo+de+paz/dd616eb4-dfae-2ff4-4588-2f2940a765c9.

https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/download/60296/83638?inline=1#ref18.

https://www.un.org/es/high-level-week 2023#:~:text=Los%20Jefes%20de%20Estado%20y%20de%20Gobierno%20se%20reunir%C3%A1n%20en,nivel%20sobre%20acciones%20transformadoras%20y

https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/el-sistema-de-la-onu-avanza-unido-en-la-reduccion-de-su-huella.