El gobierno propone una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional amplia que en un análisis preliminar, crea instituciones, propone un nuevo régimen de sanciones y modifica conceptos legales y operativos respecto de la Seguridad Nacional. Una diversidad de temas que promete un largo debate legislativo.
La cuestión Malvinas es el eje primordial y novedoso que busca abandonar años de reclamos que no generaron cambios en la negociación. Adicionalmente, impulsa una política integral que comprende los desafíos, riesgos, amenazas y los escenarios propios del siglo XXI que busca revertir la situación de crisis de un sistema hoy ineficaz y fragmentado. Temas relacionados entre sí como partes de una política integral y que no constituyen un Caballo de Troya como argumentan quienes se oponen a su sanción.
Desde una visión realista, ya en momentos previos al actual gobierno, proponíamos avanzar hacia una política integral que retomara el concepto de seguridad nacional, entendida ésta como aquella destinada a crear un ámbito seguro con la finalidad de proteger al estado y a sus ciudadanos; que les permita desarrollarse libremente y progresar en orden y en paz. Oportunamente se pensó en una nueva ley marco de seguridad nacional.
Hoy nos damos cuenta que pasaron 40 años de discusiones bizantinas que ponen de relieve el escaso interés en trabajar nuevos conceptos y donde oponerse pareciera ser la regla. Mientras algunos basan su oposición en la no violación del consenso democrático que derivó en la ley de Defensa Nacional de 1988, otros, en mantener la separación pétrea entre Defensa y Seguridad.
Con un alto nivel de hipocresía, olvidan que muchos argentinos pretendemos que el verdadero “consenso democrático” se renueve y se constituya en un nunca más a la corrupción, al respeto a las instituciones y a la educación, base de desarrollo y de progreso.
La Seguridad Nacional requiere una revisión y la generación de mecanismos que permitan enfrentar los riesgos, desafíos, amenazas y agresiones de distinta naturaleza. En el siglo XXI no es suficiente prepararse para respuestas estrictamente militares o de la seguridad pública/policial; se requieren respuestas holísticas.
El concepto de SOBERANIA es amplio. Excede la protección territorial y comprende la facultad de un país de tener la capacidad de adoptar decisiones políticas propias sobre su futuro y desarrollo, más allá de lograr acuerdos con socios estratégicos para la defensa de intereses comunes.
La nueva ley propone abandonar el statu quo y la política excesivamente gradual de los últimos años. Avanza con nuevos mecanismos sobre la cuestión Malvinas en un plano judicial y económico. Propone sanciones claras, normativa, directivas rectoras, documentos y planes que sustituyan la visión de gobiernos anteriores y respeta el mandato de la Constitución Nacional acerca de la recuperación de Malvinas.
Al mismo tiempo, el proyecto reconoce la necesidad de integrar un sistema que permita ejercer la vigilancia y control eficaz de nuestros espacios. Modificar normas que hoy se contraponen entre sí y con el propio rumbo adoptado por el gobierno a partir del Decreto 1112/24. Urge un cambio ya que los grises que persisten en esta larga transición dificultan integrar el sistema. Urge concentrar el esfuerzo de la nación y dar respuesta al contribuyente que paga impuestos para un sistema que verdaderamente lo proteja y le de servicios.
El Decreto 1112/24 que reglamentó la ley 23.554 fue un primer tramo de un camino que requiere mayores decisiones políticas para transformar la seguridad nacional e integrarla con los actores y acciones que ésta requiere: la política exterior, la defensa, la seguridad pública, inteligencia, la economía y ciber como sus pilares constitutivos
En lo institucional, se recrea el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) como organismo rector, y seguramente será necesario analizar su composición, su relación funcional y competencias respecto del Consejo de Defensa Nacional (CODENA) previsto en la ley 23.554 y Decreto 1112/24 y que también preside el Presidente.
Resultan positivos los mecanismos propuestos para proteger el aero espacio, los espacios marítimos, fluviales y lacustres, asumiendo que a futuro se avanzará en el mismo sentido de cooperación en la zona de seguridad de fronteras terrestres donde persisten grises y diferencias de criterio sobre su vigilancia y control.
Las modificaciones son necesarias para modernizar, integrar y hacer más eficiente el actual sistema fragmentado. Es importante no escaparle al debate y entender que estamos en un escenario internacional que favorece la posición argentina. Es tiempo también de reconocer que un país débil y fragmentado que no es capaz de controlar sus espacios estratégicos difícilmente pueda sentarse a una mesa y discutir soberanía.
El nuevo proyecto es un paso adelante y amplía el régimen sancionatorio de la ley 26.659. Oponerse por ideología y mantener el statu quo fortalece la política de quienes ocupan ilegalmente nuestro territorio, a los que pretenden explotar unilateralmente nuestros recursos, a los que “olvidan” sentarse en la mesa de negociaciones y a los incoherentes que llaman población nativa a una población que fuera implantada otorgando derechos y beneficios contrarios a la historia y al derecho.
Como lector aficionado del gran estratega Sun Tzu (arte de la guerra) me gusta recordar alguna de sus frases que trascendieron a la historia: “grandes resultados pueden ser conseguidos con pequeños esfuerzos” y que “la mejor victoria es vencer sin combatir”, agrego, si somos inteligentes para resolver los problemas.
Sabemos que el texto de una ley por sí solo no recuperará las ISLAS, pero sí que construye un nuevo escenario y demuestra una voluntad política capaz de generar las oportunidades necesarias y los hechos por las vías previstas en nuestra Constitución Nacional que permitan modificar el estancamiento actual.
