Se pone en marcha el operativo para distribuir con fines sociales mercadería incautada por la Aduana
El Gobierno puso en marcha el operativo para retirar del puerto de Buenos Aires alrededor de 4.700 contenedores con mercadería incautada por la Aduana que será clasificada y posteriormente distribuida en zonas del país afectadas por emergencias y entre organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad.
«Esta es la primera etapa del envío de estos contenedores a los lugares operativos, donde se va a empezar a procesar la mercadería para luego ser distribuida», señaló esta mañana el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.
Explicó que la incautación de estas mercaderías es producto de los controles aduaneros que «empezaron a funcionar a partir de diciembre de 2015», tras el cambio de Gobierno, y que pusieron fin a las maniobras de «empresas fantasmas» dedicadas al contrabando.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, remarcó que la decisión refleja la voluntad de un Gobierno «desde el que trabajamos en contra del contrabando y estando cerca de la gente».
Stanley, Gómez Centurión y el ministro de Defensa, Julio Martínez, formularon declaraciones a la prensa en la terminal 1, 2 3 Río de la Plata, ubicada en avenida de los Inmigrantes y Ramón Castillo, en la zona portuaria.
Desde allí comenzaron a salir esta mañana los camiones que transportan los contenedores con la mercadería incautada en cumplimiento de la medida que dictó el Poder Ejecutivo el lunes pasado a través de un decreto de necesidad y urgencia.
Gómez Centurión detalló que los contenedores «serán distribuidos en las distintas terminales del puerto y en los depósitos fiscales con un exhaustivo trabajo logístico».
«Van a ir siendo depositados en los cuatro puntos que nos cedió el Ministerio de Defensa, donde se va a hacer el proceso de verificación por parte de la Aduana y la entrega al Ministerio de Desarrollo Social», agregó.
Stanley apuntó que la mercadería puede contener «ropa, medicamentos y juguetes, que serán distribuidos, tanto en todas las zonas del país que están en emergencia, como entre las organizaciones de la sociedad civil que necesiten mercadería».
«Se van a entregar con criterios de emergencia por catástrofes naturales en distintos lugares del país, y se va a hacer un trabajo conjunto con municipios para garantizar esto que se plantea de que la mercadería no se revenda, sino que llegue a las personas que lo necesitan», afirmó la ministra.
Subrayó que «es la primera vez que se hace y es un volumen muy grande, pero vamos a hacer que todos los controles sean cumplidos y vamos a garantizar que llegue a destino».
Dijo que «el seguimiento lo va a hacer un equipo que está trabajando en los cuatro destinos de los contenedores, como en el seguimiento con las provincias y las organizaciones de la sociedad civil».
Según el titular de la Aduana, el volumen de mercadería está conformado en un 60 por ciento por productos textiles confeccionados, otro 20 por ciento por equipos de audio y el resto materiales varios.
Aseveró que es mercadería que «fue adquirida con un viejo modelo de intermediación entre junio y septiembre de 2015 esperando entrar en las mismas condiciones».
«Pero cuando llegaron al puerto se encontraron con otro modelo de control, que es lo que frenó estos 4.700 contenedores», agregó.
Sostuvo que ese sistema ilegal que dio luz verde al contrabando «funcionó desde hace 10 o 15 años».
«El contrabando en la Argentina es lo que ha posibilitado el ingreso del narcotráfico y forma parte del delito organizado», dijo Gómez Centurión.
Señaló que «nosotros estamos trabajando este stock de 4.700 contenedores de rezago y todos los días están llegando buques».
«El flujo del trabajo en el puerto no para y trabajamos con mejores modelos de control y otros criterios de riesgo», indicó.
Precisó que «estos son aproximadamente 750 millones de dólares en valor, y si a eso se le saca el cálculo del dinero que ha perdido el Estado en impuestos, el valor es enorme».
«Pero no solamente eso. El contrabando es un delito grave fiscal, que castiga al inversor y a la pyme y eso quita trabajo argentino», advirtió.
Fuente: Casa Rosada