El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea no constituye un evento estático, sino el punto de partida para la consolidación de una de las zonas de libre comercio más ambiciosas del mundo. Desde una perspectiva jurídica y operativa aduanera, su éxito no depende únicamente de la ratificación del texto, sino de una implementación aduanera técnica, eficiente y permanente que garantice la seguridad jurídica de los operadores.
Si bien las aduanas del Mercosur poseen una vasta experiencia acumulada tras décadas de integración regional, este acuerdo introduce disciplinas de nueva generación frente a un socio comercial con estándares altamente exigentes.
El primer gran reto radica en la puesta en marcha operativa. La efectividad de las preferencias arancelarias —corazón del tratado— exige la actualización y sincronización de los sistemas informáticos de las aduanas del bloque, cuestión tecnológica que reviste complejidades que deben abordarse con los recursos adecuados.
Resulta imperativo integrar a los sistemas de aduana, el cronograma de reducción y eliminación arancelaria previsto en el Anexo 2-A del Tratado, con la menor tasa de incidentes posible, de tal forma de asegurar que las declaraciones de importación se ajusten automáticamente a cada uno de los plazos establecidos para los diferentes productos que se importan y exportan.
El proceso enfrenta ciertos riesgos, derivados principalmente de la correlación de partidas y la correcta clasificación arancelaria. Las discrepancias en criterios técnicos, a menudo sustentadas en jurisprudencia administrativa o judicial divergente, podrían derivar en el rechazo de preferencias y la aplicación de tributos mayores, generando contingencias para algunos actores del comercio.
Desde una perspectiva fiscal, se presenta el riesgo de utilización fraudulenta de partidas arancelarias para acceder indebidamente a beneficios, lo que debiera traducirse en la aplicación de las sanciones previstas en la legislación interna de ambos bloques.
En materia de reglas de origen, la autenticidad de las declaraciones de origen es el elemento esencial para el acceso a las rebajas arancelarias. Bajo este acuerdo, las aduanas asumen un rol activo en su fiscalización, correspondiendo a las administraciones del país de exportación, en su caso, conducir los procedimientos de verificación. Para estos procesos resultan especialmente relevantes los mecanismos de cooperación aduanera previstos en el acuerdo.
Con todo, el ámbito aduanero, el acuerdo trasciende la aplicación de las preferencias arancelarias de la nueva zona de libre comercio e incorpora los principios del Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) de la Organización Mundial de Comercio y el Marco SAFE de la Organización Mundial de Aduanas. Las Partes se comprometen a que sus legislaciones sean no discriminatorias y basadas en métodos modernos de control.
Para alcanzar estos objetivos, se consagran herramientas clave que las aduanas del Mercosur ya conocen como son la fiscalización por Gestión de Riesgos, focalizando los recursos en el control de ilícitos, siendo un deber facilitar la operación de los actores legítimos, el Operador Económico Autorizado, debiendo promover estos programas para otorgar beneficios operativos concretos a empresas confiables y, como marco de acción, se destaca la Transparencia y Colaboración Público-Privada, consagrando la importancia de celebrar consultas oportunas con representantes del sector comercial sobre sus respectivas propuestas de legislación y procedimientos relativos a cuestiones de aduanas y facilitación del comercio. Asimismo se contempla que cada una de las Partes se asegurará de que sus requisitos y regímenes aduaneros y comerciales respectivos continúen respondiendo a las necesidades de la comunidad comercial, sigan las mejores prácticas y sean lo menos restrictivos posible para el comercio.
En suma, el Acuerdo Mercosur-UE impone no solo un desafío de puesta en marcha sino de mejora aduanera constante. La interacción entre la facilitación del comercio y el control efectivo solo es posible a través de una colaboración público-privada robusta y una voluntad política de mantener los regímenes aduaneros alineados con las mejores prácticas internacionales de manera predecible y coherente para potenciar el comercio legítimo, manteniendo los controles fiscales, las sanciones y las medidas exhaustivas de revisión, para los casos de fraude y afectación de los riesgos más graves que afectan hoy las cadenas de suministro globales.
Ab. Rodrigo Gonzalez Holmes
