El momento de consumación del delito de simulación de cancelación de obligaciones – Dr. Humberto j. Bertazza

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  1. El tema

En un caso jurisprudencial reciente ([1]) se analiza tangencialmente este tema, lo cual nos motiva a indagar en el mismo.

Se trataba de un caso en que al contribuyente se le imputa la presunta simulación de cancelación de obligaciones del IVA mediante el cómputo improcedente del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) como pago a cuenta.

La fiscalización de ARCA hizo referencia a una comparación entre los importes registrados en los libros de IVA Compras, los computados en las declaraciones juradas del IVA y los empleados para cancelar contribuciones patronales al SUSS.

El cómputo del ITC como pago a cuenta del IVA está previsto en el artículo 15.1 de la Ley 23.966, estableciéndose que los sujetos que presten determinados servicios puedan computar el 45% del tributo contenido en las compras de gasoil del período fiscal, utilizado como combustible de las unidades afectadas a esos servicios.

En el caso, la fiscalización actuante concluyó en que el contribuyente aplicó como pago a cuenta del IVA importes superiores a los montos registrados contablemente.

Más allá de las consideraciones específicas del tema, la Cámara realiza algunas precisiones respecto de la prescripción, señalando que la determinación del momento consumativo exige identificar cada solicitud o registración que había producido la simulación y computar tal fecha.

Ello, pues no resulta correcto adoptar automáticamente el período fiscal de la obligación como inicio del plazo ni considerar acreditada la fecha consignada en el recurso sin la constatación documental pertinente.

Al respecto, recuerda la Cámara que en una sentencia anterior ([2]) se había declarado la nulidad del pronunciamiento que oportunamente había dispuesto la extinción de la acción penal por prescripción, en razón de haberse fijado una fecha única de inicio del cómputo sin distinguir los hechos imputados ni sus posibles momentos consumativos.

Estas consideraciones nos motivan a adentrarnos en el análisis del tema.

  1. El tipo penal

Se trata de un tipo penal autónomo que se refiere a una maniobra de engaño, cuyo fin es aparentar el cumplimiento de una obligación fiscal, que en realidad no se produjo.

Tal como lo ha dicho la jurisprudencia ([3]), es un delito de peligro abstracto, resultando punible aún cuando no haya logrado producir efecto alguno, pues la sola puesta en marcha de la maniobra engañosa, compromete el bien jurídico protegido.

Por lo tanto, la consumación no se relaciona con la concreción de un perjuicio ni con un daño concretado, sino con el uso de un instrumento falso tendiente a dar apariencia de cancelación de la obligación.

Así, se ha dicho que el tipo penal no se configura por el mero incumplimiento, sino por el despliegue de una maniobra que crea en el Fisco la falsa apariencia de que se ha cancelado una deuda ([4]).

Tal como ha señalado la jurisprudencia ([5]), se dan en la práctica, distintas formas respecto de la maniobra, como la formulación de compensación basada en saldos a favor ficticios o cómputos de pagos a cuenta, como retenciones y percepciones inexistentes para simular saldos a favor, también inexistentes ([6]).

  1. La consumación del delito

Resulta de particular interés analizar el momento de consumación del delito, pues a partir del mismo comienza a computarse el plazo de prescripción.

Así, la jurisprudencia tiene dicho que la consumación no se relaciona con la concreción de un perjuicio ni con un engaño concretado en un daño, sino con el uso del instrumento falso conforme con su propio destino; de modo que el tipo no exige perjuicio al Fisco ni a un tercero, tratándose de un delito de peligro, incriminándose el simple fingimiento ([7]).

De tal modo, la utilización de comprobantes falsos o las constancias de saldos a favor apócrifos resultan suficientes para considerar consumado el delito, siendo el momento mismo de la presentación ante el organismo recaudador, con prescindencia de su resultado.

Por otra parte, cabe recordar que el tipo penal requiere de un umbral de $20.000.000 por cada ejercicio anual, en el caso de los tributos, y de $3.500.000 mensuales, en el caso de los recursos de seguridad social.

Es por ello que, en el caso de tratarse, por ejemplo, de varias compensaciones simuladas efectuadas en el mismo año calendario, corresponde practicar su sumatoria para determinar si se supera o no dicho umbral ([8]).

Por otra parte, la jurisprudencia ([9]) tiene dicho que no debe considerarse el período de devengamiento de la deuda, sino la fecha de la maniobra simulada.

  1. A MANERA DE CONCLUSIÓN

El tema requiere analizar todo el derrotero de la maniobra, que normalmente tiene varios pasos, comenzando con la presentación de un comprobante falso, a través de una declaración jurada, en la cual se imputa, generando un saldo a favor del contribuyente, también ficticio.

Luego, se utiliza ese saldo a favor para cancelar otra obligación fiscal, a través de un aplicativo.

Desde este punto de vista, la intervención del Fisco no resulta relevante, pues lo que verdaderamente interesa es la realización de la conducta típica con aptitud para simular la cancelación.

Aquí se presenta una situación importante para dilucidar, en el caso de la presentación de la declaración jurada, en la cual se imputaron pagos a cuenta inexistentes y, por lo tanto, un saldo a favor del contribuyente, también ficticio.

Desde nuestro punto de vista, hasta ese momento, no se ha configurado delito alguno, pues se trataría de hechos preparatorios sin consecuencia penal.

Ello, pues en tal supuesto, con la declaración jurada inexacta, en la cual se imputaron pagos a cuenta inexistentes, no se da la maniobra requerida por el tipo penal de simular la cancelación de una obligación.

Por lo tanto, para la simulación de cancelación se requiere una maniobra dolosa de un pago inexistente, con apariencia de ser cierto, a los efectos de aparentar la cancelación de la obligación fiscal.

Así, debe distinguirse entre la generación de un saldo a favor ficticio de la utilización de ese saldo para aparentar la cancelación de una obligación fiscal.

De tal modo, la jurisprudencia ([10]) consideró que podía quedar comprendida en tal concepto la maniobra dolosa consistente en incorporar certificados de retención que no correspondían al contribuyente, con la consiguiente generación de saldos de libre disponibilidad ficticios, y su posterior utilización de esos saldos para cancelar otras obligaciones tributarias mediante compensación.

Otro aspecto importante respecto del tema es el de la distinción entre consumación y agotamiento del delito, a los efectos de determinar cuándo queda perfeccionado el delito y desde cuándo se producen las consecuencias jurídicas.

Así, aparecen en la maniobra tres momentos distintos: la creación del instrumento engañoso, la efectiva simulación de la cancelación y el aprovechamiento posterior de esa simulación.

En tal sentido, la consumación del delito se produce cuando se concreta la conducta típica, mediante una declaración jurada engañosa, una registración falsa, un comprobante falso u otro ardid, a través de lo cual se simula que una obligación fiscal ha sido cancelada en forma total o parcial.

Insistimos en el hecho de que no basta con crear un crédito fiscal ficticio, sino que tiene que existir una verdadera apariencia de cancelación de una obligación determinada.

De tal manera, el agotamiento constituye una etapa posterior a la consumación, que tiene lugar cuando el autor obtiene el beneficio ulterior que perseguía con dicha maniobra, el cual no integra técnicamente el tipo penal ni es requisito para que exista el delito.

En tal sentido, la jurisprudencia ([11]) se refirió a una investigación que involucraba la generación de saldos de libre disponibilidad ficticios mediante declaraciones juradas rectificativas y su posterior utilización para cancelar obligaciones tributarias.

De tal manera, Casación examinó la conducta y señaló que la simulación dolosa estaba dirigida a dificultar u obstaculizar el proceso de cancelación de las obligaciones tributarias, a diferencia de la estafa, al no requerir una lesión o detracción patrimonial.

Así, el perjuicio económico efectivo no es un requisito de consumación del delito.

Por lo tanto, el plazo de prescripción de este delito, que es de 6 años, se cuenta a partir del comienzo con la consumación del delito y no con su agotamiento.

A manera de conclusión, cabe destacar entonces que si el contribuyente genera un saldo a favor ficticio, pero no lo aplica a ninguna obligación, ni solicita su devolución ni realiza otro acto que simule la cancelación, resulta atípico.

Pero si con posterioridad, utiliza ese saldo a favor ficticio para cancelar otras obligaciones tributarias por compensación, la maniobra cancelatoria concreta el tipo penal, al intentar dar apariencia de cancelación verdadera.

[1] “ERSA URBANO SA y otros”  CF Corrientes del 5/11/2026.

[2] Del 10/11/2025.

[3] “G, JUAN ALBERTO” – CF Mar del Plata, Sala II del 18/11/2017.

[4] “W.J” – TOF Paraná del 31/7/2020.

[5] “Z, María Rosa” CF Rosario, Sala “B” del 24/9/2020.

[6] “C, ALBERTO”  CF La Plata, Sala I del 12/12/2013.

[7] “G, JUAN ALBERTO”  CF Mar del Plata, Sala II del 15/11/2017.

[8] “F, EDUARDO DANIEL”  CF Córdoba, Sala “A” del 28/10/2019.

[9] “H y T.I.B SRL, Hugo Norberto”, CFCP, Sala III del 18/7/2019.

[10] “SZCZECH, NESTOR IVÁN”  CFCP, Sala IV del 22/12/2015.

[11] “INGRATTA, Pedro Ernesto” CFCP, Sala IV del 18/8/2021.