Introducción
El presente artículo tiene por objetivo analizar en detalle la Resolución General IGJ N° 7/2024 emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ) el 26 de febrero de 2024, la cual derogó la Resolución General IGJ N° 22/2020. Esta nueva disposición reviste gran importancia en el ámbito jurídico, particularmente en lo concerniente a la fiscalización de las operaciones inmobiliarias realizadas por las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). A través de este análisis, se buscará comprender el alcance y las implicancias de esta medida regulatoria.
Antecedentes:
La Resolución General IGJ N° 22/2020 establecía un sistema de fiscalización especial para las SAS en casos de operaciones inmobiliarias y constitución de derechos reales sobre inmuebles. Esta medida buscaba coordinar la obtención de información sobre la constitución de derechos reales sobre inmuebles por parte de las SAS, en colaboración con el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y otros registros provinciales.
Análisis de la Resolución General IGJ N° 7/2024:
La Resolución General IGJ N° 7/2024 derogó en su totalidad la RG IGJ N° 22/2020. Entre los motivos esgrimidos para esta derogación, se destacan los siguientes puntos:
- Exorbitación de competencias: La nueva resolución señala que la RG IGJ N° 22/2020 excedía las facultades de fiscalización de la IGJ, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente y afectando el principio de igualdad ante la ley.
- Postura sesgada: Se argumenta que la RG IGJ N° 22/2020 adoptaba una postura sesgada al discriminar a un tipo social específico (las SAS) sin justificación objetiva, lo cual vulneraba el principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional.
- Incompatibilidad con la normativa societaria: La nueva resolución sostiene que la fiscalización de las SAS en materia de operaciones inmobiliarias excede las competencias de la IGJ y contradice lo dispuesto en la Ley General de Sociedades N° 19.550.
Impacto y Conclusiones:
La derogación de la RG IGJ N° 22/2020 tiene importantes implicancias en el ámbito regulatorio y societario. Por un lado, busca garantizar el respeto a las competencias establecidas por la normativa vigente y fortalece el principio de igualdad ante la ley. Por otro lado, deja en claro que la fiscalización de las SAS por parte de la IGJ, en materia inmobiliaria, debe ajustarse estrictamente a lo dispuesto por la ley, evitando extralimitaciones por parte de los organismos de control. En conclusión, la Resolución General IGJ N° 7/2024 marca un precedente significativo en la regulación de las SAS y en la distribución de competencias en el ámbito jurídico argentino.
Dr. Marcos Palomba
Marzo 2.024
