España: El Gobierno aprueba los objetivos de estabilidad 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del Estado para 2014

El Ejecutivo también ha aprobado el Proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores, la creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, medidas para combatir la morosidad en las administraciones públicas y otras de naturaleza tributaria.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el límite de gasto no financiero del Estado para el año que viene alcanzará los 133.259 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,7% respecto al de 2013. Este techo de gasto se reduce el 1,3% hasta los 104.847 millones de euros, si se excluyen las aportaciones al Sistema Público de Empleo y las aportaciones a la Seguridad Social.

El Estado prevé ingresar 128.159 millones de euros en 2014, lo que representa un crecimiento del 0,9% respecto a 2013. El objetivo de déficit para 2014 se sitúa en el 3,7% del PIB, lo que equivale a 39.642 millones de euros. Las comunidades autónomas tendrán una media de déficit del 1%; la Seguridad Social del 1,1% y las corporaciones locales continuarán en equilibrio presupuestario.

Cristóbal Montoro ha destacado que el gasto disponible para los ministerios se reducirá el 0,7% en 2014, hasta los 36.042 millones de euros, equivalente al gasto de intereses.

El ministro ha señalado que la senda de evolución del déficit público en España irá del 6,5% de 2013 al 2,8% en el año 2016 «quedando por debajo del 3% que marca la Unión Europea» para ese año.

El Gobierno también ha aprobado la revisión del cuadro macroeconómico 2013-2016 como sustento del nuevo techo de gasto. En el mismo se aprecia una mejora de una décima, tanto en el crecimiento del PIB, como en el empleo de 2015 y 2016.

Durante su intervención, Montoro ha asegurado que «es claro que España entra en una senda de crecimiento económico a partir del año 2014, senda que tiene una base muy sólida, que es la capacidad de financiación frente al resto del mundo».

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes, para su tramitación por el procedimiento de urgencia, del Proyecto de Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que facilitará toda la actividad emprendedora y empresarial. La norma fue presentada el pasado 24 de mayo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que, como novedad, atendiendo las recomendaciones de los distintos órganos consultivos, se amplía de 200.000 a 400.000 euros el límite de fondos propios de empresas de nueva creación en las que los denominados «business angel» o inversores informales pueden invertir.

Asimismo, ha señalado que la norma supone, en materia fiscal, una importante rebaja para los emprendedores, pymes y autónomos. El conjunto de medidas supone una factura fiscal de 2.000 millones de euros. Además, la deducción por reinversión de beneficios podrá alcanzar a 185.000 sociedades de reducida dimensión, y hasta 4.000 empresas podrán recuperar sus inversiones en investigación y desarrollo.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha apuntado que, en lo que se refiere a la fiscalidad de los emprendedores, el IVA de caja estará vigente desde el 1 de enero de 2014 y de él podrán beneficiarse 2.300.000 contribuyentes, la inmensa mayoría son pymes y autónomos.

El Gobierno ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por parte de todas las Administraciones Públicas.

La norma fue presentada el pasado 12 de abril. El texto definitivo incluye algunas recomendaciones del Consejo de Estado y se ha solicitado su tramitación por el procedimiento de urgencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable, en el marco de las actuaciones previstas en el informe de la Comisión de la Reforma de las Administraciones Públicas.

La vicepresidenta del Gobierno ha subrayado que la norma impulsa el uso de la factura electrónica en el sector público de manera obligatoria a partir del 15 de enero de 2015. También se impulsará este tipo de factura en el sector privado, de manera que «la factura electrónica tenga plenos efectos tributarios ante cualquier administración», ha dicho.

Los proveedores presentarán y tramitarán electrónicamente las facturas en un punto general de entrada por cada Administración (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

Sáenz de Santamaría ha señalado que lo que se hace es «reforzar la transparencia porque desde el momento en que las facturas se emiten electrónicamente y se incluyen en un registro con un punto único de entrada son conocidas, contabilizadas y se sabe qué día ingresaron, con lo que acabamos con el concepto de las facturas en el cajón».

La implantación de esta medida en la Administración General del Estado supondrá un beneficio neto anual de 51 millones y de 2,3 millones en ahorro de papel. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a Entidades Locales con problemas financieros.

La vicepresidenta ha resaltado que se pondrán a disposición de los ayuntamientos una serie de medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez para que puedan hacer frente a las facturas pendientes. Como novedad, esta financiación también se utilizará para pagar a los proveedores de universidades, parques tecnológicos y asociaciones e instituciones sin fines de lucro que tengan fines sociales.

Para luchar contra la morosidad, el Gobierno también ha analizado el Anteproyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público.

Sáenz de Santamaría ha avanzado que la norma busca «combatir la persistente situación de morosidad en las administraciones públicas que puede conllevar riesgos de sostenibilidad financiera de las mismas». Así, todas las administraciones tendrán que prever un plan de tesorería para garantizar los periodos de pago y se establecen diversas fases para cumplir con la exigencia legal del pago en 30 días.

Respecto a las entidades locales con problemas financieros, el Real Decreto Ley pone a disposición de los municipios que se encuentren en situaciones de especial dificultad un conjunto de medidas extraordinarias, de carácter temporal y voluntario, que les permita hacer frente a sus problemas económicos y ayudarles a cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras.

Cristóbal Montoro ha precisado que de las 8.100 entidades locales entidades en España unas 500 estarían en esta situación «potencialmente más delicada».

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes un Proyecto de Ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y otras medidas tributarias y financieras.

Así se fija un tributo sobre gases fluorados de efecto invernadero, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea de aumentar la presión fiscal medioambiental.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha anunciado que también se endurecerá la fiscalidad del impuesto sobre sociedades de grandes contribuyentes y limitará las deducciones a los mismos. «Vamos a eliminar en un proyecto de ley la deducción por las pérdidas por deterioro de la cartera de valores y las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de establecimientos permanentes», ha dicho.

El Gobierno también ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la I+D+i. Entre ellas figuran cambios en la tributación de impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol.

Cristóbal Montoro ha confirmado que en el caso de bebidas alcohólicas la tributación será del 10% y no afectará ni al vino ni a la cerveza. Respecto al tabaco, Montoro ha dicho que el incremento impositivo se realizará mediante una «recompensación de la tributación» que dará más peso al tipo específico, que al ‘ad valorem’, acercándose a la estructura tributaria sobre el tabaco de la UE.

El ministro ha calculado que las medidas fiscales aprobadas hoy podrían suponer para la Hacienda pública, en 2013, unos ingresos de unos 1.000 millones de euros. La parte fundamental correspondería a la limitación de las ayudas por reducción de cartera de las empresas de unos 3.650 millones de euros en términos anuales; unos 340 millones corresponderían al nuevo impuesto sobre los gases fluorados; unos 366 millones a las labores de tabaco. Todo ello, ha precisado el ministro, en un entorno de «mejor comportamiento de la economía» que se traducirá en «un mejor comportamiento también de los ingresos tributarios».