Transparencia fiscal en América Latina 2026 – Dr. Alfredo Collosa

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El presente artículo examina de forma exhaustiva los avances y las asignaturas pendientes de la transparencia fiscal en América Latina a la luz del Informe de Progreso 2026 de la Iniciativa de América Latina. Con base en datos cuantitativos auditados, se analiza el impacto del Intercambio de Información (EOI) —tanto previa petición (EOIR) como automático (AEOI/CRS)— como herramientas críticas para combatir la evasión fiscal transfronteriza y los flujos financieros ilícitos (FFIs). El estudio destaca la movilización acumulada de más de EUR 29 000 millones desde 2009 y aborda de manera crítica los cuellos de botella operativos de las administraciones tributarias de la región, enfocándose en la verificación de los beneficiarios finales, la integración interna de bases de datos y la expansión hacia el “uso más amplio” de la información con agencias del orden público.

El 25 de mayo la OCDE dio a conocer el informe de Transparencia Fiscal en América Latina 2026[1], el cual evalúa el éxito del Intercambio de Información (EOI) no solo en función de los avances normativos formales, sino a través de los resultados económicos tangibles derivados de la fiscalización de los programas de cumplimiento.

  1. PRINCIPALES LOGROS

Los datos consolidados por el Foro Global demuestran una movilización sistemática de recursos domésticos a lo largo del periodo reportado.

En términos históricos, los países de la región han logrado identificar y recuperar un mínimo de EUR 29 000 millones en ingresos fiscales adicionales entre los años 2009 y 2025.

Esta cifra sustancial se ha capturado mediante la combinación operativa de tres herramientas: el intercambio de información previa petición (EOIR), la explotación inicial de datos automatizados y los programas específicos de regularización de activos o divulgación voluntaria diseñados para aquellos contribuyentes con patrimonios no declarados en el extranjero ante el incremento del riesgo de detección.

El análisis del rendimiento operativo de corto plazo confirma la vigencia y efectividad de estos instrumentos.

Durante el ejercicio fiscal de 2025, las administraciones tributarias de la región identificaron EUR 577.6 millones adicionales en impuestos devengados a través de la aplicación de estos mecanismos de cooperación internacional.

América Latina se beneficia de una de las redes más extensas del mundo en materia de cooperación fiscal internacional, con más de 2000 relaciones de intercambio, de las cuales el 79% se establecen a través de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal.

En general, América Latina representa alrededor del 21% de todos los ingresos adicionales identificados a nivel global por los miembros del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales.

La mayoría de los países de la región cuentan actualmente con marcos plenamente operativos de EOI, incluyendo autoridades competentes con facultades, unidades dedicadas y procedimientos internos sólidos.

El informe resalta que estos resultados reflejan un proceso de maduración técnica entre los auditores locales, quienes procesan los datos provenientes de jurisdicciones extranjeras con mayor profundidad analítica.

Asimismo, el documento subraya un impacto intangible pero decisivo: el efecto disuasorio que induce al cumplimiento voluntario.

El desmantelamiento progresivo del secreto bancario a nivel global altera las expectativas de los contribuyentes de altos patrimonios.

La percepción del incremento en el riesgo subjetivo de detección los compele a declarar de forma espontánea sus rentas de fuente extranjera y activos offshore en los formularios habituales de impuestos, ensanchando de manera permanente la base imponible de las jurisdicciones latinoamericanas.

  1. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTÁNDAR DE INTERCAMBIO PREVIA PETICIÓN (EOIR)

El intercambio previa petición (EOIR) constituye la herramienta fundamental para el control tributario de casos específicos bajo auditoría.

El EOIR sigue consolidándose en toda la región. En 2025, los países latinoamericanos enviaron 691 solicitudes y recibieron 538, lo que los mantuvo como emisores netos.

Si bien los volúmenes generales disminuyeron en comparación con los años de picos excepcionales, esto refleja un cambio estratégico hacia un uso más específico y basado en el riesgo, más que una reducción de la participación.

La actividad del EOIR también se ha diversificado: mientras que cuatro países representaban el 95.5% de las solicitudes entre 2009 y 2018, ahora diez países representan el 99.9% de las solicitudes enviadas, lo que pone de relieve la aparición de nuevos usuarios cada vez más activos en toda la región.

Bajo el marco de la segunda ronda de revisiones de pares del Foro Global y los esquemas de monitoreo reforzado aplicados a partir de enero de 2025, el documento expone un diagnóstico crítico de los avances y debilidades de la región.

El principal desafío operativo identificado en América Latina radica en garantizar la disponibilidad, acceso y veracidad de la información sobre los beneficiarios finales (propiedad efectiva).

El estándar internacional exige que las administraciones fiscales cuenten con los medios legales y operativos para identificar a las personas físicas que ejercen el control real e institucional de las personas jurídicas, fideicomisos y demás estructuras societarias complejas.

El informe documenta que, si bien la mayoría de los países de la Iniciativa han implementado marcos normativos para crear registros centrales de beneficiarios finales, subsisten importantes brechas prácticas.

Los principales problemas giran en torno a la ausencia de mecanismos sistemáticos para verificar la exactitud de los datos declarados por las empresas, lo que debilita la integridad del registro.

Adicionalmente, se resalta la debilidad de los regímenes sancionatorios internos: en diversas jurisdicciones, las multas por omisión o falsedad en el reporte de la propiedad efectiva no poseen la fuerza disuasoria necesaria para obligar a los intermediarios y corporaciones a mantener la información actualizada.

  1. EVOLUCIÓN DEL INTERCAMBIO AUTOMÁTICO (AEOI/CRS).

El Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras (AEOI), fundamentado en el Estándar Común de Reporte (CRS), ha modificado las estrategias de control fiscal en la región al permitir la recepción anual y masiva de datos financieros correspondientes a residentes latinoamericanos con activos en el exterior.

El intercambio automático de información sobre cuentas financieras bajo el CRS aporta importantes beneficios a las administraciones tributarias de América Latina.

Diez países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay) ya han comenzado a intercambiar información, mientras que Paraguay se prepara para iniciar en 2027.

Las autoridades tributarias recibieron información sobre más de 5 millones de cuentas financieras en el extranjero, que abarcaban aproximadamente EUR 463 000 millones en activos.

La efectividad del uso de los datos del CRS generó EUR 543.6 millones en ingresos adicionales en 2025.

En toda la región, el enfoque operativo ha pasado del simple acceso a la información a la comparación activa de datos, el análisis de riesgos y la integración sistemática de la información en los procesos básicos de cumplimiento.

En varios países, los datos del CRS sirven ahora de apoyo para las auditorías, las medidas preventivas de cumplimiento y, en algunos casos, las declaraciones de impuestos prellenadas, lo que indica un cambio hacia una administración tributaria más proactiva y basada en datos.

  1. INTERCAMBIO INFORMACIÓN CRIPTOACTIVOS

El informe también detalla la necesidad de adaptar continuamente los marcos regulatorios internos ante las innovaciones del sector financiero digital.

Los países de la Iniciativa se encuentran trabajando en la actualización de sus legislaciones para adoptar las enmiendas del estándar CRS y prepararse para la adopción del Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF).

El objetivo es extender el alcance de la transparencia hacia el dinero electrónico y los activos virtuales, mitigando los riesgos de elusión fiscal derivados de las nuevas tecnologías financieras.

Seis países de América Latina (Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Panamá) se han comprometido formalmente a implementar el nuevo Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF), con los primeros intercambios automáticos previstos para 2027 y 2028.

Las actividades de desarrollo de capacidades están apoyando la incorporación legal y la preparación operativa, reforzando la capacidad de los países para responder a los riesgos emergentes vinculados a los activos digitales.

  1. REDES DE TRATADOS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

La cobertura y solidez de la red convencional representa el soporte básico para la viabilidad de los intercambios.

El informe indica que el 87% de las relaciones de intercambio activas de los países de la Iniciativa combinan convenios bilaterales con la Convención MAAC.

Sin embargo, el documento identifica debilidades en la arquitectura convencional: cuatro países latinoamericanos aún permanecen totalmente al margen de la MAAC, y en ciertas jurisdicciones que ya han firmado el instrumento, se registran demoras considerables en los trámites parlamentarios internos para su ratificación y depósito formal, lo que restringe el potencial real de sus redes.

Finalmente, el informe detalla las acciones colectivas desplegadas para homogeneizar las capacidades analíticas de los países miembros.

Durante el ciclo operativo evaluado, más de 1500 oficiales de las administraciones tributarias de la región recibieron capacitación técnica y asistencia especializada en materia de auditoría transfronteriza, gestión de solicitudes bajo demanda y mantenimiento de salvaguardias de confidencialidad, buscando reducir las asimetrías operativas que afectan la eficiencia global de la red regional.

  1. CONCLUSIONES DEL INFORME

El documento de la Iniciativa de América Latina concluye que la transparencia fiscal se ha consolidado como un componente irreversible y estratégico de las políticas de movilización de recursos en la región.

Los EUR 29 000 millones identificados históricamente validan el esfuerzo político y técnico conjunto.

En general, las conclusiones del informe Transparencia Fiscal en América Latina 2026 demuestran que la transparencia fiscal se ha convertido en un pilar operativo y estratégico de la administración tributaria en toda la región, lo que ha generado mejoras cuantificables en el cumplimiento y los ingresos.

La siguiente fase de la Iniciativa de América Latina dará prioridad a la consolidación de estos logros y a la maximización de su impacto, integrando el uso efectivo del EOI en el núcleo de las estrategias de cumplimiento, subsanando las deficiencias de implementación restantes y garantizando la preparación para estándares nuevos y en evolución, como el CARF.

Al mismo tiempo, la Iniciativa seguirá reforzando el aprendizaje entre pares a nivel regional y los enfoques de todo el gobierno, posicionando la transparencia fiscal como una herramienta central para la movilización de recursos domésticos y la lucha contra los FFIs.

Entre los principales desafíos se encuentran el fortalecimiento de las actividades de cumplimiento, la supervisión efectiva basada en riesgos de las instituciones financieras y la correcta identificación del alcance de las entidades sujetas a las obligaciones de reporte del CRS.

El informe advierte que para maximizar los beneficios futuros, las administraciones tributarias deben concentrarse en resolver de manera urgente sus limitaciones internas: optimizar los flujos de comunicación hacia las áreas de fiscalización de campo, implementar sistemas rigurosos de validación para los beneficiarios finales, acelerar las ratificaciones convencionales pendientes y adaptar sus estructuras tecnológicas para la inminente adopción del estándar CARF, transformando así la transparencia en un instrumento plenamente eficiente de equidad distributiva y sostenibilidad fiscal en América Latina.

En definitiva, gracias a un liderazgo político y de alto nivel sostenido y a una cooperación internacional más profunda, América Latina se encuentra en una buena posición para seguir aprovechando la transparencia fiscal como motor de la integridad, la equidad y el desarrollo sostenible.

[1] https://www.oecd.org/es/networks/global-forum-tax-transparency/news-events/2026/tax-transparency-in-latin-america-2026.html