Uruguay: Ley actualiza normativa, ordena actividad y fortalece competencias de recursos acuáticos

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La Ley N.° 19.175, de Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura se encuentra en proceso de reglamentación. El director nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Daniel Gilardoni, destacó que la nueva normativa crea los consejos nacionales de Pesca, de Acuicultura, y zonales de pesca artesanal. Nuevas atribuciones posicionan a la referida dirección entre los organismos de administración pesquera más modernos del mundo.

El director nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), Daniel Gilardoni, informó que la Ley número 19.175, de Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura aprobada el 20 de diciembre último, se encuentra en proceso de reglamentación luego de ser aprobada, con amplio consenso, en ambas cámaras legislativas.

El jerarca dijo que “la ley anterior estaba vigente desde diciembre de 1969 y aspiramos a que este nuevo cuerpo normativo tenga una duración importante y que cualquier administración, independientemente del signo político, la aplique y la pueda ir mejorando con el paso del tiempo”.

Gilardoni recordó: “en el momento que se redactó la ley anterior todavía no existían las 200 millas de zona económica exclusiva y los países ribereños comenzaban a pescar con perspectivas muy importantes para su desarrollo”.

“Hoy la realidad de los recursos acuáticos es diferente. Se necesita un mejor ordenamiento para asegurar la sustentabilidad. La presente ley toma esa experiencia e integra muchos de los acuerdos internacionales que ha adherido Uruguay”, relató.

Gilardoni destacó que el primer artículo del marco normativo alude a los recursos hidrobiológicos y el ecosistema que los contiene.

El entrevistado elogió que la presente ley “genera por primera vez institucionalización para el sector pesquero”, con la creación del Consejo Nacional de Pesca integrado por los actores económicos privados, los trabajadores y organismos del Estado con competencia en el área. También prevé un Consejo Nacional de Acuicultura y los consejos zonales de pesca artesanal, en los que la dirección ya viene implementando.

Gilardoni señaló que el cuerpo normativo dedica un capítulo al fomento de la acuicultura. “Tenemos expectativas de un desarrollo ordenado en momentos en que la actividad acuícola en nuestro país está creciendo”, sostuvo.

Primer productor en volumen de caviar en Hemisferio sur
El titular de la DINARA estableció que “posiblemente hoy Uruguay sea el primer productor en volumen de caviar en el Hemisferio sur y uno de los cinco productores a nivel mundial de caviar de cultivo”.

Gilardoni expresó que la presente ley contempla la posibilidad de que la dirección otorgue concesiones acuícolas, lo que creemos que una vez se tenga un poco más de experiencia en algunos cultivos pueda ser una importante herramienta muy importante para el desarrollo de algunas zonas, como los lagos de Rincón del Bonete. Inclusive, permite un mecanismo de ventanilla única para presentar los proyectos acuícolas siendo la dirección que coordina con los demás ministerios con competencia para agilizar toda la tramitación.

Con la presente ley, además, la dirección gana atribuciones que antes estaban en manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Poder Ejecutivo como la fijación de vedas y de tallas mínimas de captura, la posibilidad de fijar recursos plenamente explotados y otorgamiento de permisos. “Las atribuciones que se adjudican a la DINARA la ponen a nivel de los organismos de administración pesquera más modernos en el mundo”, aseveró.

El jerarca subrayó que una vez puesto en funcionamiento este marco normativo no se podrán hacer más transferencias de permisos de pesca y éstos pasan a ser innegociables. “Esto constituye una defensa de los pescadores artesanales porque los permisos serán destinados a ellos y no a otras personas que intervengan en la actividad por la coyuntura económica”.

Gilardoni mencionó que la Ley de Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura aborda la fiscalización y sanciones. “Le otorga importantes fortalezas a la fiscalización de las empresas productoras y de la pesca. Una vez reglamentada y en funcionamiento –añadió— va a contribuir a un ordenamiento más dinámico de toda la actividad pesquera”.