La República Argentina ha iniciado la planificación de acciones tendientes a reducir o morigerar los efectos adversos de un fenómeno climático natural que causa lluvias excepcionales, crecida de ríos e inundaciones; causa daños, pérdidas y costos adicionales en sectores que son el motor de la economía y también, con menor impacto, en nuestra población.
Habiendo tenido desde el estado nacional un rol de planificación y coordinación durante el mismo fenómeno en 2015/16, creo oportuno reforzar las acciones en curso a partir de lecciones ya aprendidas y con la foto aún fresca que constituye el “Informe de Valoración de los efectos del evento climático” producido con la metodología de CEPAL y con información oficial recabada en algunas de las provincias afectadas.
Este documento, que debería tener mayor difusión entre las autoridades de nivel municipal, en el sector productivo y en las comunidades potencialmente a ser afectadas, señala un daño producido por pesos 11.131 millones, pérdidas por pesos 49.656 millones y costos adicionales por pesos 3.358 millones, exclusivamente en las 8 provincias mensuradas, fundamentalmente en la región del NEA
En la publicación del gobierno, sobre el informe confeccionado por la CEPAL, el ENOS (El Niño Oscilación Sur – en inglés) 2015, se remarca que hubo daños por un total de U$D 687.120.190 y pérdidas de U$D 3.065.161.0632.
Bajo este escenario, las provincias que sufrieron un mayor impacto económico fueron Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe. En ese entonces, 7 provincias y el Gobierno Nacional decretaron la Emergencia Hídrica para el Litoral y la región pampeana. La extensión afectada en el ENOS 2015 fue de 689.332 km2 (18,4% del territorio nacional) y afectó a 87 departamentos con una población aproximada de 10 millones de personas.
Fue un desastre que mayoritariamente golpeó al sector privado productivo del agro, teniendo la agricultura el mayor impacto negativo en la historia. Infraestructura, turismo y vivienda sufrieron daños y pérdidas que afectaron el transporte, la educación y a las personas que en muchos casos debieron ser evacuadas a zonas seguras
El gobierno nacional ha emitido recientemente un plan de coordinación cuyo objetivo fundamental está enfocado en la RESPUESTA y en su coordinación entre organismos públicos. En esta estrategia inicial no se menciona el involucramiento del sector privado tal vez asumiendo que ésta será una tarea de las provincias y de los municipios.
Creo oportuno señalar que muchas de las organizaciones civiles tienen competencia y alcance nacional y sería oportuno considerar que las ONG y la sociedad civil son parte legal del sistema SINAGIR, donde el Consejo Nacional tiene entre sus funciones la de “promover y regular la participación de las ONGs, de la sociedad civil y del sector privado”.
EL NIÑO – ENOS requiere esfuerzos de preparación y prevención ya que la etapa RESPUESTA sólo constituye un conjunto de acciones llevadas a cabo ante la ocurrencia del desastre. Coordinar la RESPUESTA es importante, pero se corre el riesgo de que una preparación o prevención sin coordinación lleve a que cada actor o comunidad adopte sus propias medidas sin la mirada integral que requieren los excesos hídricos.
En el pasado reciente hemos visto defensas urbanas y costeras inapropiadas, con canales de desagüe construidos para lograr una ventaja local efímera que luego se convertía en una amenaza para zonas linderas.
Está claro que la Nación, las Provincias y muchos municipios tienen conciencia del daño y las pérdidas de EL Niño, pero cabe preguntarnos si el sector privado que sufrió casi el 95% de las pérdidas es un actor individual o es un sector que debe ser convocado. A poco tiempo de empezar a percibir los efectos de EL Niño, se percibe poca presencia de la comunidad organizada y el sector privado.
El estado en todos sus niveles tiene un rol preponderante de coordinación y no deberíamos percibirlo exclusivamente como el aportante de recursos. Las inundaciones requerirán acciones en rutas nacionales y provinciales, en cuencas hídricas, en poblaciones que levanten o mejoren sus defensas.
El sector privado y productivo además de trabajar por la continuidad de su negocio en un escenario de desastre, debe sumarse y ser parte contribuyente de la prevención y de la solución. Las inundaciones no deberían constituirse en una “oportunidad de negocios” ni tomarse ventajas de una situación adversa para la comunidad. El sector privado posee grandes capacidades que serán vitales frente a esta situación.
Desde la política, es esperable que la falta de acción en algunos de los sectores o niveles del estado, no se convierta en un tema de campaña electoral donde algunos pongan sus energías en buscar culpables y no en coordinar soluciones para la gente.
Lic. Marcelo Rozas Garay
Ex Subsecretario de Coordinación de Emergencias del MINDEF y ex Subsecretario de Gestión del Riesgo de Desastres del MINSEG
